Grupo México enfrenta a la 'hidroeléctrica de la discordia'
La Cámara de Diputados aprobó exhortar al ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado, a las Secretarías de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación, a instalar una mesa de negociación interinstitucional a fin de solucionar el conflicto social originado por la construcción de una hidroeléctrica del Grupo México.
Asimismo, al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, y a las autoridades municipales garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras.
Además, garantizar el derecho a la libre decisión de la comunidad indígena que ha manifestado su rechazo a la instalación de la hidroeléctrica por posibles daños ambientales y sociales en la zona.
El punto de acuerdo exhorta también al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades indígenas, el Estado tendrá la obligación no sólo de consultarlos, sino deberá obtener el consentimiento libre, previo e informado de éstos.
Lo anterior, según sus sistemas normativos, con fundamento en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados conformar un grupo de trabajo plural de legisladores, a fin de darle seguimiento al conflicto social de la construcción de la hidroeléctrica y demás problemas sociales que existen en los territorios de los pueblos indígenas.
La diputada Roxana Luna Porquillo (PRD), promovente del punto de acuerdo, dijo que el Grupo México ha sido vinculado con denuncias, omisiones y violaciones a los derechos humanos y es señalado como responsable de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, además de que se le involucra con el grupo que encabeza Germán Larrea Mota.
Señaló que en Puebla las afectaciones al medio ambiente, agua y población ascienden a más 11 millones 330 mil hectáreas que se entregaron a compañías nacionales y extranjeras.
La diputada Josefina García Hernández (PRI) señaló que son preocupantes los problemas que se generan con los temas de las hidroeléctricas y de las mineras en el estado de Puebla.
Agregó que según el Convenio 169 de la OIT y del artículo 2 de nuestra Constitución, los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados acerca de las medidas legislativas o administrativas que le pueden afectar, por lo que cualquier acto que implique alteraciones en su entorno debe ser analizado entre las partes.
El diputado del PAN, Néstor Octavio Gordillo Castillo explicó que el gobierno del estado mantiene un diálogo permanente de manera respetuosa y transparente con la comunidad.
Afirmó que es bueno contar con este tipo de proyectos, ya que en lugares como Tulcingo de Valle y Tetela de Ocampo, es donde está emigrando la gente y se les debe dar respuesta. “Estamos en la mejor disposición de mantener ese diálogo, no solamente a nivel municipal, sino estatal y ante la federación”, agregó.
Por su parte el diputado Carlos de Jesús Alejandro (PRD) expresó que este tema es un ejemplo de las diversas problemáticas que se presentan a lo largo del territorio nacional, con respecto de este tipo de obras que en nombre del desarrollo atentan contra la integridad, el tejido social y la desaparición de las culturas de los pueblos indígenas.
“Coadyuvemos para la creación de esta mesa de diálogo y negociación para atender esta problemática social en el territorio de Puebla”, precisó.
La diputada Lourdes Adriana López Moreno (PVEM) expresó que la producción hidroeléctrica nacional representa actualmente cerca del 12 por ciento del total de la energía eléctrica y la tendencia va en aumento.
No obstante, apuntó, el impulso de la diversificación energética mediante la construcción de hidroeléctricas no en todos los casos es la mejor opción, ya que provoca la inundación de grandes extensiones de terreno, daños ambientales a las diversas especies, conflictos sociales como la pérdida de predios y desplazamiento de comunidades.
En tanto, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano) manifestó que este es un ejemplo de una práctica en donde sólo se benefician unos cuantos, sin tomar en cuenta los daños colaterales que esto podría ocasionar.
