La Cámara Colombiana 'trae cortitas' a las constructoras
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se autoblinda de la corrupción y las malas prácticas a través de su Código de Autorregulación.
"Con la ayuda de expertos internacionales, locales y el apoyo financiero de la Corporación Andina de Fomento (CAF), los afiliados de la cámara identificaron las conductas que deberían ser objeto de vigilancia", afirma Juan Martín Caicedo, presidente de la organización gremial, en entrevista con Obras.
El código identifica 24 malas prácticas en las que pueden incurrir los constructores o concesionarios, los consultores y los proveedores. Entre ellas están la competencia desleal en licitaciones públicas y el uso de información privilegiada.
Las sanciones pasan por una amonestación pública o privada, una multa (de 3,000 a 308,000 dólares), una suspensión de entre uno y seis meses y la expulsión de la Cámara por dos años.
"La Cámara no compite con la justicia, lo que hace es generar una especie de sanción social que inhabilita al empresario, genera una cultura preventiva", precisa.
La CCI agrupa a casi 1,000 empresas que obtienen 80% de la contratación en Colombia, y que representan 3% del PIB.
Según Caicedo, exalcalde de Bogotá, acusado y exonerado por supuestos actos de corrupción, la CCI nunca ha tenido que castigar a alguno de sus integrantes.
