Profepa prepara un proyecto de ley de responsabilidad penal ambiental
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabaja en una reingeniería interna, una codificación de la legislación ambiental y la generación de una ley nacional de responsabilidad penal ambiental.
El subprocurador Jurídico de la Profepa, Gemi José González, aseguró lo anterior durante la inauguración del foro “La Especialización Normativa en la Responsabilidad Penal Ambiental”, organizado por la dependencia con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
El funcionario señaló que la actual política de la Profepa se encamina a generar más transversalidad en las decisiones y en ejecuciones integrales, es decir, que las áreas jurídicas no estén separadas de las tareas de inspección.
En un comunicado, la Profepa detalló que durante su intervención, el funcionario reconoció que durante 22 años la procuraduría se desarrolló con distintos pilares que fueron creciendo solos y con escasa comunicación entre ellos.
De acuerdo con un estudio, en las 32 entidades federativas la regulación penal ambiental es completamente diversa, es decir, existe gran variedad de sanciones penales.
Un ejemplo de ello es que Baja California Sur, donde se registra una alta incidencia de infracción de la normatividad ambiental, la pena máxima establecida es de seis años, mientras que en Tlaxcala es de 20 años, lo que revela una disparidad tremenda.
Por lo anterior es importante contar con una ley nacional de responsabilidad ambiental, propuesta que presentó recientemente el procurador Guillermo Haro Bélchez ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada en mayo pasado, en Mérida, Yucatán.
González López abundó que las ideas emanadas de este foro se incluirán en el borrador que la Profepa entregará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual lo turnará a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
El propósito es que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión se presente un paquete de reformas ambientales que incluyan, además de la Codificación y la reestructuración de la procuraduría, el proyecto de ley nacional de responsabilidad penal ambiental.
