Senado llama a garantizar derecho de audiencia en el caso Línea 12
El pleno de la Cámara de Diputados conoció en la sesión de este martes 17 de febrero un exhorto del Senado de la República para que los diputados federales garanticen el derecho de audiencia en la investigación sobre la construcción de la Línea 12 del Metro.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicho acuerdo a la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a dicha línea del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
El acuerdo del Senado precisa que “se exhorta a esta instancia legislativa a garantizar el derecho de audiencia de los servidores públicos que hayan estado involucrados en la construcción y operación de la obra, a fin de determinar el origen de las faltas y, en su caso, informar a las autoridades competentes”.
De igual modo, se le pide a la comisión especial recibir a todas aquellas personas que pudieran tener responsabilidad legal de algún tipo, otorgando el mismo trato y las mismas oportunidades para ser escuchados en audiencia pública.
En otro punto, se informó al pleno la aprobación de un acuerdo que exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a crear comisiones ordinarias de fomento cooperativo y economía social.
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También a que se discuta y se analice la expedición de la legislación en la materia, ya que sólo siete entidades del país cuentan con una regulación específica.
A pesar de que la Constitución Política y la Ley General de Sociedades Cooperativas establecen que los gobiernos federal, estatal y municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal apoyarán el desarrollo del cooperativismo, son pocos los estados que atienden puntualmente ese mandato.
En ese contexto, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Alliet Mariana Bautista Bravo, presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, consideró que es deber de cada entidad federativa generar el andamiaje jurídico de su economía social.
Crear una política de fomento económico deriva en más empleos, desarrolla sectores estratégicos de México y genera dinamismo financiero equilibrado en cada sector del país, expuso.
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Agregó que el punto de acuerdo pretende, además de armonizar la legislación, impactar positivamente en el desarrollo y la cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social.
A su vez, su correligionaria, Gloria Bautista Cuevas, integrante de la comisión y promovente del punto de acuerdo, precisó que en el país existen 9,767 cooperativas que proveen 182,928 empleos, lo que refleja la importancia de su permanencia y debida regulación.
Señaló que de todos los estados que cuentan con esas sociedades, sólo Aguascalientes y Oaxaca tienen comisiones legislativas que las reglamentan, y únicamente Coahuila, Hidalgo, Quintana Roo, Zacatecas y el Distrito Federal poseen leyes específicas sobre la materia.
La comisión consideró que exhortar a los congresos a crear instancias legislativas para la atención de cooperativas es una forma de armonizar los estatutos establecidos y coadyuvan al Plan Nacional de Desarrollo, el cual refiere que es indispensable fomentar la economía social.
