Destacan protocolo para conflictos entre comunidades y megaproyectos
Los jueces mexicanos cuentan con un protocolo especial, publicado recientemente por la Suprema Corte, para atender casos de conflicto entre grandes proyectos de infraestructura y desarrollo, y derechos de las comunidades, destacó María de los Ángeles Arcos García.
Dicho protocolo es el más largo y complejo de los ocho elaborados por la Corte, tras las reformas en derechos humanos y amparo de 2011 que obligan a los jueces a tomar en cuenta los tratados internacionales ratificados por México, expuso.
La asesora de la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indicó que los grandes proyectos de infraestructura suelen detonar conflictos.
Si bien se legitiman en principios como el bien común, crear empleos o acercar servicios a poblaciones, también se impulsan con una gran intensidad económica en periodos muy cortos y desatan procesos radicales de transformación, señaló.
“Las decisiones se toman muy lejos y muchas veces son ajenas a las comunidades”, dijo durante el foro el “Poder Judicial frente a los derechos de la tribu Yaqui” realizado en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El protocolo propone que ante estos conflictos los jueces deben determinar la legitimidad del proyecto valorando si los impactos son proporcionales a los beneficios.
Para ello deben tomar en cuenta la jurisprudencia internacional en torno a 12 derechos fundamentales que se suelen violar en estos casos, como a la información de las comunidades afectadas y a un ambiente sano.
Asimismo los derechos culturales de las comunidades indígenas, cuya cultura y cosmovisión está muy ligada a los recursos naturales.
Arcos García recordó que los protocolos no son obligatorios, pero las leyes en que se basan sí y sirven para dictar sentencias especializadas.
En la página www.scjn.gob.mx/libreria/paginas/protocolos.aspx pueden descargarse este y otros protocolos sobre perspectiva de género, derechos de la infancia y derechos indígenas entre otros.
En el foro representantes de organizaciones civiles y Tomás Rojo, vocero de la tribu Yaqui, hicieron un recuento del conflicto que mantienen con autoridades de Sonora y federales por la construcción del Acueducto Independencia que trasvasa agua del río Yaqui para abastecer a la ciudad de Hermosillo.
En mayo de 2013 la Suprema Corte resolvió un amparo a favor de la comunidad, toda vez que fueron violados los derechos a la consulta, a la información y a la participación, y ordenó llevar a cabo una consulta más que hasta el momento no se ha llevado a cabo.
