En 45 días se resolverán sanciones por caso Línea 12: contraloría
De la auditoría para verificar las especificaciones técnicas del sistema de vías de la Línea 12 del Metro se derivaron 16 observaciones que deberán ser solventadas en un plazo de 45 días hábiles, informó el contralor General del Distrito Federal, Eduardo Rovelo.
De no hacerlo, aclaró Rovelo, la Contraloría emitirá los dictámenes técnicos que sustenten el inicio de Procedimientos Administrativos Disciplinarios contra los servidores públicos.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario recordó que dicha auditoría incluye la verificación de compatibilidad rueda-riel y su mantenimiento, así como la mala ejecución de la obra.
Agregó que en estos casos es previsible que se acrediten daños y perjuicios a la Hacienda Pública del Distrito Federal, incluso en montos muy elevados, por lo que para obtener las indemnizaciones de las empresas involucradas se han iniciado los procedimientos correspondientes.
ESPECIAL: Caso Línea 12 del Metro
El contralor detalló que para que el gobierno local obtenga una efectiva reparación de los daños por conducto de los servidores públicos sancionados y de las empresas particulares involucradas, se presentarán las solicitudes de procedimiento resarcitorio, con base en el Código Fiscal del Distrito Federal.
Este hecho será inédito y como estrategia jurídica serán garantizados los recursos públicos utilizados pero no justificados”, explicó a los legisladores.
Además, dijo, se encuentra en curso otra auditoría que revisa los pagos derivados de los contratos del proyecto integral de la Línea 12, así como la entrega-recepción, finiquito y el contrato de certificación de la obra.
Al responder las preguntas de los legisladores, comentó que otro caso que sigue en proceso es el del posible conflicto de interés en que podría haber incurrido el delegado con licencia de Iztapalapa, Jesus Valencia.
Ello, luego de que al ser protagonista de un accidente vial se supo que la camioneta de lujo que manejaba era propiedad de una empresa que recibió contratos de la demarcación.
Eduardo Rovelo detalló que han sido citados a declarar ante la Contraloría los responsables del área administrativa de Iztapalapa y el propio ex titular de la demarcación.
Además, se giraron oficios a las dependencias del gobierno local y el Registro Público a la Propiedad para ver si se dio un incremento patrimonial irregular en el caso del ex servidor público, sin que se detectara nada al respecto.
El funcionario destacó, durante su rendición de cuentas, que el órgano que preside logró recuperar 123 millones 400,000 pesos, derivado de las penas convencionales que se impuso a contratistas que incumplieron en la ejecución de obras públicas, en delegaciones y órganos desconcentrados.
Asimismo, dio cuenta que de abril 2014 a marzo 2015 fueron sancionados 2, 148 funcionarios; se aplicaron 2,216 sanciones, 133 apercibimientos, 930 suspensiones, 342 inhabilitaciones, 684 amonestaciones, 73 destituciones, 54 de ellas incluyeron inhabilitación, y 212 sanciones económicas.
