Banobras debe informar sobre crédito a filial de Higa
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) deberá dar a conocer los detalles del crédito que otorgó a Autopistas de Vanguardia, filial de Grupo de Higa, para financiar la construcción de la autopista estatal de cuota Toluca-Naucalpan en 2012.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio la instrucción el lunes. La información deberá incluir el monto del crédito y la tasa de interés convenida con Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V., filial de Constructora Teya, S.A. de C.V.
La resolución del instituto se da luego de que Banobras respondiera a la solicitud de datos de un particular.
La institución bancaria dijo al solicitante que carecía de toda la información sobre la obra del tramo de la autopista Toluca-Naucalpan y que además estaba bajo secreto bancario, según un comunicado del Inai.
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Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. recibió una licitación en 2007 para la operación y construcción del tramo carretero Toluca- Naucalpan. Cinco años después recibió un préstamo de Banobras por 2,775 millones de pesos, que fue anunciado en enero de 2013.
El solicitante de la información presentó entonces un recurso de revisión de tres puntos ante el Inai, que fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez.
Los tres puntos son: 1) qué órganos del banco autorizaron recursos para ese proyecto y en qué fecha; 2) si el Consejo Directivo aprobó recursos de algún tipo para este proyecto y, en caso de resultar afirmativo, la fecha; 3) copia de las actas de las reuniones de cualquier órgano donde se haya aprobado destinar recursos para ese proyecto, indicó el Inai.
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Banobras reiteró su respuesta original al señalar que no contaba con información señalada en el punto dos, toda vez que el otorgamiento de ese crédito no fue autorizado por el Consejo Directivo de Banobras.
En cuanto a las peticiones sobre quién otorgó el crédito y en qué fecha, y la copia del documento que avaló el recurso, argumentó que se trataba de información reservada bajo secreto bancario, tras lo cual el Inai llevó a cabo una revisión en la que constató que el Comité Ejecutivo de Crédito fue el que autorizó, con otra institución financiera privada, un crédito de manera sindicada, el 26 de octubre de 2012.
El acta número 56 de esa fecha da cuenta de una sesión extraordinaria del referido comité, integrada por siete fojas, con la que se da respuesta a la totalidad de la información solicitada.
No obstante, se advirtió que la referida acta contiene información relacionada con operaciones bancarias celebradas en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, entre Banobras y una empresa privada.
Bajo ese contexto, Banobras como institución financiera, está obligada a guardar el secreto bancario de las operaciones que lleva a cabo, así como de los servicios que presta en protección del derecho a la privacidad de sus clientes, por tratarse de un crédito.
Sin embargo, la documental también da cuenta de las actividades y funciones que hizo un órgano interno del sujeto obligado, esto es el Consejo Ejecutivo de Crédito, instancia responsable de autorizar las operaciones de crédito que impliquen hasta 50% del capital social de Banobras.
En este caso, el Inai corroboró que el documento rinde cuentas respecto de los actos de autoridad de los órganos internos del sujeto obligado en la toma de decisiones para el otorgamiento de un crédito, y no se encuentra protegida por el secreto bancario.
Por lo anterior, el pleno de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales modificó la respuesta de Banobras y le instruyó a entregar la información, en los términos referidos.
Sólo el nombre del Consejero Independiente, contenido en el Acta, deberá ser resguardado, según el Inai.
¿Cuál es el contexto de Grupo Higa?
Banobras anunció la entrega del crédito en 2013 con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura de Enrique Peña Nieto. La obra debió haber sido terminada a mediados del 2015, pero no fue así.
Grupo Higa estuvo bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública al igual que el presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ante un posible conflicto de intéres en la compra de tres polémicos inmuebles.
La dependencia concluyó el 21 de agosto que no encontró ningún conflicto de interés en los casos respectivos.
