Constructores urgen al GDF a reactivar vivienda de interés social
Líderes del sector viviendero en el DF urgieron al gobierno capitalino y a los asambleístas a destrabar la normatividad en materia de construcción de vivienda de interés social, suspendida desde 2013, pues se han dejado de invertir 12,000 millones de pesos anuales y el empleo que el sector generaba pasó de alrededor de 60,000 a 70,000 puestos a entre 10,000 y 12,000.
Isaac Memun Elías y Manuel González Martínez, presidente y director general de Canadevi Valle de México, señalaron que desde que se suspendió la Norma 26, la cual impulsa y facilita la construcción de viviendas de interés social, "esta industria prácticamente está detenida".
Esto genera un fenómeno de expulsión de los capitalinos, que al no encontrar opciones migran a localidades circunvecinas, aseguraron los representantes de la Canadevi.
Tres años en el aire
El 18 de agosto de 2013, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció la suspensión de la norma, debido a que se habían detectado irregularidades de algunas empresas desarrolladoras de vivienda de interés social.
La Norma 26 permitía la construcción de vivienda, cuyo precio no debía rebasar los 709,000 pesos. Sin embargo, en su momento, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, reconoció que algunas inmobiliarias comenzaban proyectos amparados en esta ley, pero terminaban convirtiéndose en viviendas de costo mucho mayor y con características distintas a las de interés social.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) indicó que la normatividad estaría a revisión durante tres meses. Pero el 13 de diciembre del mismo año dio a conocer que era necesario continuar con la suspensión para contar con un estudio técnico completo que aportara la información suficiente para determinar la permanencia, modificación o abrogación de la norma.
Sin embargo, el 30 de septiembre de 2015 la suspensión se amplió una vez más hasta el 31 de diciembre del mismo año. La justificación que la Seduvi de esta nueva prórroga fue la misma.
Hace tres años, antes de la decisión, las inversiones anuales eran de alrededor de 12,000 millones de pesos (mdp), mientras que actualmente "los constructores tienen atadas las manos", explicaron Memun Elías y González Martínez.
Actualizar los costos
A su juicio, es necesario priorizar el bien mayor de todos los habitantes de la Ciudad de México, así como imponer una norma que rija el desarrollo urbano de la capital, pero sin violentar los derechos de ninguna persona.
Nota: Publican normas de construcción en el Diario Oficial
Impulsar una consulta vecinal cada vez que haya un desarrollo habitacional es una propuesta populista, consideraron.
Nota: Empresarios proponen acelerar inversión en infraestructura
Por otra parte, proponen que el costo para adquirir una vivienda popular sea actualizado en la norma a entre 1 millón y 1 millón 200,000 pesos -que en su opinión es muy accesible para la mayoría de los capitalinos-, para recuperar la inversión y tener una ganancia moderada.
Destacaron que se reunirán con todos los partidos políticos para exponer sus necesidades y pedir que le den prioridad a este asunto, ya sea actualizando la Norma 26 o estableciendo un nuevo programa urbano de la Ciudad de México.
Con información de Notimex.
