Gobierno de Mancera descarta un litigio por los terrenos del AICM
El secretario de Desarrollo Económico local (Sedeco), Salomón Chertorivski, resaltó en conferencia de prensa que no apostarán a un litigio jurídico que pueda durar décadas y afectar la economía de la zona, si no que creen, apuestan y trabajan por el diálogo y la coordinación
Por ello invitó a las secretarías de Comunicaciones y Transporte (SCT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a no dejar este proyecto hasta 2020, fecha establecida para la desocupación de ese puerto aéreo.
“El gobierno de la Ciudad de México no cree ni apuesta por un litigio jurídico que puede durar décadas, para detrimento de la vida de millones de capitalinos”, insistió Chertorivski Woldenberg.
Es por eso que “no caben los anuncios unilaterales en torno a obras decididas por un solo nivel de gobierno y cuyo único argumento es la propiedad de los terrenos”.
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El funcionario local hizo énfasis en que el destino de los terrenos que dejará el aeropuerto internacional es crucial para la vida social y económica de la población que se ubica en el oriente de la Ciudad de México.
Insistió que no tiene sentido reclamar atribuciones exclusivas en un área de desarrollo urbano tan importante, sino que es necesario habilitar la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, órgano de ley para la planeación y coordinación intergubernamental, federal, local y municipal o delegacional.
El titular de la Secretaría de Economía de la capital del país reiteró que “no debe iniciarse ninguna obra o dar un uso determinado del espacio en el terreno del actual aeropuerto, mientras no se construye un amplio acuerdo político y social al respecto”.
El estudio de Mancera
El pasado 3 de marzo, la Sedeco presentó las conclusiones de la primera entrega de su estudio Para la Opinión de la Ciudad sobre el destino de los predios del actual aeropuerto capitalino.
El documento indica que cualquiera sea el proyecto que se lleve a cabo en los terrenos, el eje deberá ser una gran obra de e infraestructura hidráulica que contribuya a reestructurar los ciclos hidrológicos de la zona oriente de la capital, que antes fue un lago.
"Cualquier proyecto futuro de las 710 hectáreas que constituían el fondo del lago de Texcoco debe implicar una obra geográfica e hidráulica de grandes dimensiones, pues sin los avanzados sistemas de bombeo actuales –financiados hoy por la propia operación del aeropuerto- decenas de delegaciones y municipios metropolitanos están condenados a la paradoja del estiaje permanente e inundaciones anuales", señala el estudio.
El estudio también sostiene que el Gobierno de la Ciudad de México tiene la responsabilidad jurídica de decidir acerca de la utilización que se dé a estos predios.
En ese sentido, jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, dijo durante la presentación del estudio que mientras no se desaloje el terreno ni las instalaciones, el gobierno federal será el responsable, pero una vez que "se termine esa concesión, el ordenamiento jurídico establece que el uso de suelo y el plan de desarrollo urbanístico de la zona corresponde a la Ciudad de México".