OHL enfrenta el desafío de recobrar la confianza

Durante los primeros días de mayo de 2015 una serie de conversaciones telefónicas grabadas comenzó a circular por la red. En una de ellas se escuchaba:

—Estoy casi seguro con lo mañoso que somos, que sí. Sí están los gastos de inversión de la tres.

—Pues entonces, Pablo, esto es un fraude.

—Sí.

—Vamos a meter unos gastos de una fase que nunca vamos a construir. Estamos cobrando las tarifas como si ya hubiéramos construido eso. ¡Eso es un fraude!

Era Pablo Wallentin, quien fungía como director de Relaciones Institucionales de OHL México, y José Andrés de Oteyza, entonces presidente del Consejo de Administración. En la grabación, ambos manifestaban un aparente cobro extra por un tramo del Viaducto Elevado Bicentenario, en el Estado de México.

Lee: Top 10 del Ranking de las 100 Constructoras

La filtración, a la que se sumarían otras en los meses siguientes, que presuntamente involucran arreglos con funcionarios, marcaban el inicio de un nuevo escándalo en la industria de la construcción en México, y la afectación de una marca en términos legales y de reputación.

"A nivel global, junto con el de telecomunicaciones, energía y tecnologías de la información, es uno de los sectores más dañados por corrupción y problemas graves de integridad, porque tiene mucha relación con el sector público", dice Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana.

Las trabas burocráticas para la obtención de licencias y permisos, así como la falta de transparencia en las licitaciones y contratos de obra pública son otros factores que alimentan las malas prácticas.

Una de cada tres constructoras en México considera que los favoritismos y componendas determinan la asignación de contratos. Si a esto se agrega un factor político, entonces son seis de cada diez, indican estudios de la consultora Bimsa Reports. El Índice de Confianza del Constructor que elabora la firma desde 2011 reportó al cuarto trimestre de 2015 un incremento en las expectativas de los constructores sobre el desempeño del sector en 2016 a su mayor nivel histórico. Sin embargo, la principal causa que detiene el crecimiento es la corrupción, detalla la encuesta.

Lee: Top 10 del Ranking de los 100 Proveedores

"Cualquier asunto de corrupción relacionado con poderes públicos implica un riesgo legal y reputacional", explica Juan Rivera, socio y director en México de la consultora española de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenca.

Bohórquez añade que los escándalos anteriormente se desenvolvían a partir del nombre del funcionario o empresario involucrado. "Pero ahora se conocen por el nombre de la empresa".

Cuando esto sucede, se origina una crisis de imagen para la organización que tiene repercusiones desde el primer día, dice Adriana Valladares, CEO de la firma de relaciones públicas Burson-Marsteller México. Y si hay cuestiones éticas involucradas, el impacto es mayor. "Aquí hay una responsabilidad diferente que no se perdona tan fácil. La comunicación interna y externa, que es crítica en este proceso, por más perfecta que llegue a ser no compensa un error de esa naturaleza", opina.

¿Borrón y cuenta nueva?

Rivera agrega que si bien una empresa puede acotar el riesgo legal, el reputacional será más difícil de medir, ya que con los altos niveles de participación de las redes sociales, lo que antes pasaba ‘desapercibido’ hoy aumenta exponencialmente el riesgo de daño.

Lee: Ranking: Las 10 Gigantes 2015

Una crisis de imagen por corrupción no solo trae críticas y cuestionamientos por parte de la opinión pública. También implica consecuencias relacionadas con el valor accionario de la empresa en el mercado, en el corto plazo, y la obtención de recursos financieros, en el largo. "Cuando se sabe que tienes mala reputación, el riesgo crece y las inversiones se vuelven menos rentables para los accionistas de una empresa", explica Bohórquez.

El 4 de mayo de 2015 la acciones de OHL México se ubicaban en 30.96 pesos, su valor más alto ese año. Desde entonces han caído 48%, con 16.09 pesos como el más bajo a mediados de junio.

"La gente no olvida fácilmente y menos ahora con Google", señala Rivera. Esto complica que la imagen de una compañía quede limpia por completo. "Desafortunadamente, la confianza y la reputación tardan mucho en construirse. Puede que no salga inmediatamente, pero sí más fortalecida", agrega Valladares.

Bohórquez plantea resolver el problema desde una visión más general, que involucre la participación de todas las empresas del sector como promotoras de la integridad pública y el buen gobierno.

Lee: Entre la volatilidad y la inseguridad. Los empresarios opinan

Primero, pueden aprender que los ciclos político-electorales representan un riesgo para éstas y, por ende, para el Programa Nacional de Infraestructura. "El problema es de responsabilidad compartida, porque lo que ocurre muchas veces es que hay un intercambio de favores", señala el director general de Transparencia Mexicana.

Además, los empresarios tienen que denunciar cuando un servidor público busque retrasar pagos para extorsionarlos u obtener beneficios personales. "Lo que normalmente no detona una investigación es que nadie denuncia. El sector debe hacerlo más para hacer valer sus derechos [...] para suspender un proceso o fallo de licitación o promover una acción legal", dice Bohórquez.

Agrega que la labor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ayudaría a aminorar las malas prácticas, mediante mecanismos duros de autorregulación, donde la organización valore más la conducta ética de sus agremiados.

Bohórquez también aboga por una mayor transparencia en la información de obra pública, ya que faltan datos sobre cómo se hacen las supervisiones, cómo se ajustan los contratos y cómo se dieron las licitaciones. 

"En este sentido, por los comentarios que hemos recogido, el gran reto es promover una mayor participación de los grupos sociales como testigos de transparencia que avalen que un evento funcione bajo un sistema limpio y ético", coincide José Antonio González, director general de BIMSA Reports.

La otra gran lección es que todas las empresas pueden cambiar, incluso las afectadas por grandes escándalos. "El reto es grande y no será fácil librarlo mientras haya intereses y constructoras que alimenten al problema y no la solución", concluye Bohórquez.

 

Consulta aquí la información completa en la revista Obras, edición 523.