Para la SCT lo que cuenta es la intención
Nota del editor: Esta columna se publicó originalmente en la edición 524 de la revista Obras , 'Destino México', correspondiente a agosto de 2016.
(CIUDAD DE MÉXICO) – Durante esta administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no ha podido erradicar un mal que aqueja a los constructores: la competencia desleal, que ella misma genera desde el momento en que otorga licitaciones carreteras a concesionarios que cotizan sus servicios por debajo de lo observado por el sector, y que después solicitan actualizaciones de presupuesto de las obras para no ver afectados sus ingresos.
La dependencia que dirige Gerardo Ruiz Esparza asegura que desde 2012 ha observado que hasta 70 constructoras concursan por una obra, es decir, el doble de empresas; las cuales, con tal de ganar, comenzaron a proponer precios de mercado imposibles de ofertar, por lo que ahora busca mecanismos para que los participantes concluyan en tiempo y forma los proyectos.
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Si bien la actual Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) que regula la contratación de obra pública, prioriza un menor precio y no la calidad de los proyectos, no es excusa para que la SCT no verifique que el costo de las obras corresponda al mercado, y que las compañías realmente tengan la experiencia técnica y la capacidad económica.
Lo anterior, sin considerar que esta ley conserva vicios de excepciones, discrecionalidad y falta de transparencia, lo que 'permite' la construcción de obras con sobreprecio, mal hechas o incompletas, las que con todo cinismo se inauguran las veces que sea necesario y se utilizan como megaproyectos sexenales de infraestructura, como la carretera Durango-Mazatlán.
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Según Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de infraestructura de la SCT, desde el año pasado trabajan en monitorear el perfil de todas las empresas participantes, así como el nivel de cumplimiento de las obras, mediante visitas físicas y de un tablero de control con indicadores que determinan el estado de los proyectos, y el dinero y el tiempo que requieren para terminarse con base en las concesiones.
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Solo los funcionarios pueden ver a detalle dicho tablero; en la página web de la SCT solo se accede a información general, como el total de inversión carretera y el número de proyectos por estado, lo que no explica nada, pero cumple con la política de gobierno abierto.
Hasta ahora, no existe un registro oficial de constructoras a las que se haya sancionado con la terminación anticipada o con la cesión de
derechos de sus contratos, por incumplir sus concesiones, pues según Murrieta, los procesos legales son engorrosos, costoso y tardados, por lo que sólo se les presiona con un buen 'jalón de orejas'.
OPINIÓN: Infraestructura pública, negocio de unos cuantos
Quizá ahí está la respuesta del porqué se retrasó por tercera vez la edificación del segundo piso del Viaducto-Tlalpan , que estaría listo en junio, y no se concluyó la nueva carretera La Marquesa-Metepec en julio.
Desde que nacen las obras de infraestructura, lo único que queda al descubierto es la incapacidad, la falta de planeación y la corrupción, que disfrazan en discursos demagógicos para beneficiar imágenes políticas e intereses empresariales, lejos del interés de los mexicanos.
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* Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.
