8 propuestas a favor de las pymes constructoras ante el 'gasolinazo'
La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) propuso ocho acciones en favor de las micro, pequeñas y medianas empresas de la construcción para generar propuestas para dicho sector ante el difícil escenario económico que se prevé tras las alzas a los precios de los energéticos
El presidente de la AMIC, Francisco Gallo, dijo el martes que las mipymes no fueron representadas en el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar promovido por el presidente Enrique Peña Nieto, y que en el documento no existen apoyos para este tipo de empresas ni directrices para impulsar la generación de empleos.
" El Acuerdo es un limitado intento por mitigar el efecto negativo del alza de los precios de las gasolinas en la economía de las familias, hecho de manera precipitada y sin sustento, que no refleja la realidad de la economía del país", dijo Gallo, de acuerdo con un comunicado publicado en la página de Facebook de la AMIC.
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"Me apena que el gobierno federal reconozca que no ha tenido una administración clara y transparente, y que es a partir del 'Acuerdo' que implementará medidas de transparencia a cuatro años de haber iniciado su administración", agregó.
Gallo expuso que el Consejo Coordinador Empresarial, suscriptor del acuerdo, no representa a las mipymes de la construcción, que se interrelacionan con 37 ramas de la economía en el país.
El directivo dijo que la asociación que lidera está comprometida y coadyuvará con las dependencias del gobierno federal y demás organismos empresariales, que permitan llegar a propuestas y consensos nacionales, que hagan realidad la fortaleza económica y el bienestar de las familias de la sociedad mexicana.
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Las 8 acciones
1. Generar una consulta nacional directa a las micro, pequeñas y medianas empresas y al sector empresarial mexicano en su conjunto, para crear propuestas y compromisos de soluciones concretas para su viabilidad y permanencia.
2. Modificar los lineamientos de operación del Infonavit y Fovissste para permitir que cualquier pequeño constructor pueda ofertar vivienda a través de los organismos, sin tantas restricciones como se les impone en este momento.
3. Promover la inversión privada en la infraestructura básica con apoyos financieros que les permitan participar en el desarrollo de obras en beneficio de las comunidades que no cuentan con servicios básicos.
4. Establecer comités ciudadanos que intervengan en priorizar las obras, analizar proyectos, verificar presupuestos reales y supervisar la ejecución concreta de los trabajos e inversiones, para dar la oportunidad a la sociedad organizada de vigilar la aplicación de los recursos públicos en la infraestructura del país.
5. Definir y hacer públicas las reglas de operación que regulen las acciones de impulso a la inversión y empleo, a través de la banca de desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privadas, con la finalidad de eliminar cualquier opacidad en los programas de apoyo de impulso a la economía de las mipymes de la construcción.
6. Incorporar a los testigos sociales para garantizar la transparencia de la administración pública, ampliando las posibilidades para su participación en obras desde los 1,000 salarios mínimos y no hasta los 10 millones de salarios que representan 800 millones de pesos establecidos en la actualidad. Esto, a través de la simplificación de la normatividad para obtener los registros ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
7. Propiciar el ejercicio de la libertad en la sociedad civil organizada para conformar contralorías sociales, con la finalidad de erradicar la corrupción mediante acciones de vigilancia, seguimiento, evaluación y dictamen que permitan sustentar observaciones integrales de la calidad y eficacia de la obra pública ante la (SFP).
8. Suprimir de manera inmediata las prerrogativas de los diputados federales para ejecutar obra de forma discrecional, a la cual tienen derecho por 20 millones de pesos, sumando los 500 legisladores un monto total de 10,000 millones de pesos anuales, sin satisfacer ninguna normatividad de las leyes vigentes en la materia que la haga viable.
