Panamá pide ayuda para detener a hijos de expresidente por Odebrecht
La Procuraduría General de La Nación (PGN) de Panamá pidió a la Interpol expedir la notificación roja contra dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quienes figuran entre las 17 personas requeridas por el caso de los sobornos de Odebrecht, informó este lunes a la agencia EFE una fuente judicial.
La fiscal especial Anticorrupción de la PGN, Tania Sterling, fue la encargada de remitir tres formularios de notificación roja contra Ricardo Alberto Martinelli Linares, Luis Enrique Martinelli Linares y la abogada Evelyn Ivette Vargas Reynaga, por la presunta comisión del delito contra el orden económico.
La circular fue dirigida al director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, Marcos Córdoba, el pasado 1 de febrero, para elevar el trámite a la Interpol, explicó la fuente.
VIDEO: El ABC de la red de corrupción de Odebrecht en Latinoamérica
El 24 de enero pasado la fiscal general de Panamá, Kenia Porcell, anunció que "se formularon cargos" por blanqueo de capitales contra 17 personas, entre ellas dos hijos de Martinelli, a quienes Suiza congeló cuentas con 22 millones de dólares.
En ese ocasión, Porcell planteó la posibilidad de requerir a través de Interpol a algunas de las 17 personas cuya orden de conducción fue emitida el 23 de enero por la recién creada Fiscalía Especial Anticorrupción, dedicada a investigar solo los casos relacionados a Odebrecht.
Otros investigados son Mario Martinelli, el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez Lloren, el exdirector de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini, detenido por la investigación de un préstamo irregular, y las empresarias Ana Isabel Suarez Cedeño y Nitzela Bonilla, de acuerdo con lo revelado por medios locales.
Un reporte del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelado en diciembre indica que de 788 millones de dólares que Odebrecht pagó en sobornos en 12 países, incluido México, 59 millones fueron a parar a manos de exfuncionarios panameños y unos 6 millones a familiares de un alto cargo no identificado, entre 2009 y 2014.
Lee más: Implican campaña del presidente de Colombia en sobornos de Odebrecht
Pero las revelaciones suizas suman más millones a la cuenta a favor de Panamá, ya que la investigación de Estados Unidos transcurrió independientemente a la del país europeo, que ahora arroja nuevas luces.
Odebrecht ejecuta importantes proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3,000 millones de dólares y emplean a 8,000 personas, entre éstos la Línea 2 del Metro, la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen y la renovación urbana de Colón, adjudicados en la actual Administración de Juan Carlos Varela.
En Perú, Toledo denuncia caza de brujas
Por otra parte, tres días después de que Perú solicitara judicialmente la detención del expresidente, Alejandro Toledo, por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht, el exmandatario denunció a través de las redes sociales ser víctima de una "caza de brujas".
Lee más: Perú ofrece recompensa por su expresidente ligado a Odebrecht
Las autoridades peruanas presumen que Toledo permanece en Estados Unidos. El domingo sospechaban que podía tomar un vuelo a Israel; sin embargo, respiraron tranquilas cuando el país de Medio Oriente anunció que no permitiría el ingreso del expresidente a su territorio hasta que no se aclaren sus asuntos legales.
El actual mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió en una llamada telefónica a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la deportación del político dentro de las facultades que la ley de migración otorga al Departamento de Estado estadounidense.
Los esfuerzos del gobierno de la nación andina se centran en madar toda la documentación e información requerida por Estados Unidos para que éste pueda tramitar una orden de detención en su territorio.
Toledo se manifestó también el domingo en redes sociales con un comunicado donde mantuvo en secreto su paradero, pidió presunción de inocencia y afirmó no haber cometido los delitos que le imputan.
Los cargos que enfrenta son tráfico de influencias y lavado de activos por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a cambio de favorecerle en la licitación de la Carretera Interocéanica del Sur, que recorre el territorio peruano desde la costa del Pacífico hasta Brasil.
