Mancera quiere reconstruir la Ciudad de México en seis meses

Tras el sismo que el pasado 19 de septiembre sacudió a la Ciudad de México, la administración de Miguel Ángel Mancera plantea un programa de recuperación dividido en tres fases: una de respuesta inmediata que dure seis semanas, una de reconstrucción que concluya en seis meses y una de transformación de la capital de la República con un horizonte a cinco años.

Esta ruta se marca en una iniciativa de ley que el jefe de gobierno presentó el miércoles a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde ya ha recibido respaldo por parte de diputados del PRD, del PAN y del PRI, y se espera que sea discutida, dictaminada y votada en los próximos días.

Como parte de su exposición de motivos, la propuesta señala que, a raíz de las afectaciones que dejó el sismo —228 personas muertas, 38 edificios colapsados y 8,405 inmuebles en riesgo y daños millonarios—, es indispensable que la ciudad cuente con un programa que fije el camino para que se reponga y se convierta en una urbe que pueda garantizar una mejor calidad de vida para sus habitantes.

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Aquí la fases contenidas en la iniciativa:

Fase 1: La acción inmediata

El gobierno de Mancera argumenta que el primer paso para conseguir la recuperación de la capital es brindar "Atención inmediata" a los afectados. Y de acuerdo con su iniciativa, esta primera fase comenzó desde los momentos que siguieron al temblor, y ha incluido acciones que van desde resguardar la integridad de la población hasta restablecer los servicios básicos, aunque en Iztapalapa, hace unos días todavía se padecía por la falta de agua.

Para esta etapa de respuesta inmediata también se propone que, en un periodo total de seis semanas, las autoridades locales realicen un censo de los afectados, los clasifiquen según su nivel de necesidad, entreguen apoyos económicos y definan una estrategia de reubicación temporal para quienes perdieron su casa.

También establece que se identifique la disponibilidad de vivienda, se cree un fideicomiso con las donaciones y recursos disponibles, se establezca una herramienta tecnológica que concentre la información en la materia —conocida como Plataforma CDMX—, y se conforme una comisión que coordine los trabajos de reconstrucción.

De acuerdo con la iniciativa, una de las primeras medidas que se ejecutarían por razones de seguridad, sería el "retiro de anuncios instalados en las azoteas de las edificaciones públicas o privadas".

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Fase 2: Levantar y reconstruir

Para la segunda fase del programa, definida como de "Reubicación, reconstrucción y recuperación", se estima una duración total de seis meses.

De aprobarse el documento, algunos de los primeros objetivos de esta etapa serían la asignación de vivienda temporal para los damnificados, la implementación de programas de demolición, y la ejecución de programas de rehabilitación y recuperación de casas afectadas.

Sobre este último punto —la construcción de viviendas permanentes para los perjudicados—, la iniciativa contempla la posibilidad de que se vendan terrenos propiedad de la capital para este fin, de que se otorguen "créditos blandos" para realizar estas edificaciones, de que se exente del pago de derechos por conceptos como los certificados de uso de suelo y de que se faciliten trámites.

"La administración pública de la Ciudad de México y el órgano político administrativo competente brindarán las facilidades administrativas y orientación en la gestión de permisos, autorizaciones e integración del expediente de manifestación de construcción, observando las disposiciones vigentes aplicables", se indica en el documento.

En cuanto a la vigilancia y las sanciones por posibles irregularidades, se plantea que las anomalías sean investigadas por las autoridades tanto por oficio como por causa de una denuncia ciudadana, y que los castigos incluyan multas, suspensión de trabajos, clausura parcial o total de una obra, e incluso su demolición.

Por ejemplo, si una construcción llegara a violar el uso de suelo o excediera las tolerancias permitidas, se multaría a sus responsables con un monto de entre 5% y 10% del valor comercial del inmueble. O bien, si la persona responsable de una edificación superara la superficie o los niveles permitidos, se le revocarían licencias y permisos, sería amonestado y tendría arresto administrativo por 36 horas.

Acerca de los recursos para concretar esta fase, la iniciativa únicamente señala que la ciudad contaría con un fondo de reconstrucción alimentado por dinero local, federal y de otras fuentes, aunque no da más detalles ni estimaciones.

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Fase 3: Una capital con nuevo rostro

La iniciativa del jefe de gobierno plantea que, una vez terminada la fase de reconstrucción, inicie una de "Transformación", que tenga por objetivo convertir a la capital en una urbe más resiliente y que se extienda durante cinco años.

Para ello, se propone que deba elaborarse un plan de resiliencia "con enfoque urbano, regional, seguro y sustentable", y que parta de la actual estrategia que la capital tiene en esta materia.

Además, se plantea que en los próximos años la ciudad deba fortalecer sus mecanismos de respuesta a emergencias, así como revisar su Reglamento de Construcciones, normas técnicas y mecanismos de supervisión de obras.

Para que esta fase no se vea truncada por los futuros cambios de administración —como el que ocurrirá en diciembre de 2018—, el documento señala que tendría que fijarse un mecanismo para dar continuidad al plan de transformación en el largo plazo.

En el mismo sentido, se plantea crear una herramienta que permita monitorear el avance y cumplimiento de los objetivos fijados.