Perú inicia proceso para destituir al presidente por caso Odebrecht
El Congreso de Perú debatirá el próximo jueves el pedido de vacancia (destitución) presentado por la oposición contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tras denuncias de que una empresa del mandatario recibió pagos de Odebrecht.
La decisión fue anunciada este viernes por el presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta, quien declaró a los periodistas que la admisión de la moción de vacancia deberá primero ser debatida y votada durante la tarde de este día para llegar a la instancia definitiva la próxima semana.
La aprobación de la moción es casi un hecho, ya que requiere del apoyo del 40% de los 130 congresistas y la bancada fujimorista del partido Fuerza Popular, que ocupa 71 escaños, ha sido una de las que la ha promovido.
La constructora brasileña Odebrecht pagó más de 782,000 dólares a la consultora Westfield Capital, del actual presidente de Perú, por asesorías hechas entre 2004 y 2007, según un documento de la compañía remitido a la comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción.
Entérate: El vicepresidente de Ecuador irá seis años a cárcel por Odebrecht
El patriarca de la familia Odebrecht deja la presidencia
Emilio Odebrecht dejará en abril de 2018 la presidencia del Consejo de Administración del grupo en el marco del proceso de reestructuración que ha puesto en marcha la compañía para "pasar página" del escándalo de corrupción de dimensión internacional en el que se vio envuelta.
El patriarca de la familia Odebrecht, de 72 años, dejará el cargo durante la siguiente Asamblea General de Accionistas, prevista para abril próximo, según anunció este viernes en la clausura de la reunión anual del grupo, en Salvador, capital de estado de Bahía.
"Reconocemos nuestros errores. Cambiamos. Estamos pasando página. Precisamos ahora centrarnos en el futuro, que se construye en el presente", apuntó Odebrecht citado en un comunicado.
El todavía presidente del Consejo de Administración no anunció el nombre de su sucesor, pero dijo que junto a él renovarán el órgano para adecuarlo "a las exigencias y a los desafíos de la nueva etapa de vida de Odebrecht".
Lee: México prohíbe a Odebrecht contratos públicos durante cuatro años
La decisión de este viernes llega pocos días después de que el patriarca de los Odebrecht anunciara que ningún miembro de la familia podrá presidir más el grupo, entre otras medidas para aumentar las transparencia de la firma, que desde sus orígenes está controlada por los Odebrecht.
Emilio Odebrecht hizo parte del acuerdo de colaboración firmado por 77 exejecutivos del grupo con las autoridades brasileñas en el que confesaron las prácticas corruptas que realizaron durante años en el gigante sudamericano y en otros países de la región.
El ejecutivo dijo que la "corrupción es un impuesto silencioso y mortal" porque "encarece todo el sistema productivo y es recaudado por manos sin escrúpulos".
"Practicada de forma continuada y sistematizada, la corrupción mata la economía de un país o de una región y, en consecuencia, provoca sucesivas crisis", añadió.
Odebrecht, presente en 25 países, participó de un "cártel" con otras 15 importantes constructoras del país para obtener contratos de manera fraudulenta con la petrolera estatal Petrobras, según revelaron las investigaciones iniciadas hace casi cuatro años.
Las autoridades comprobaron que esas empresas inflaban los valores en los contratos y repartían las diferencias entre ejecutivos de la petrolera, empresarios y políticos, que amparaban esas prácticas y legislaban a favor de las compañías.
La corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, incluido México.
En Brasil, el escándalo ha llevado a prisión a importantes políticos y empresarios y salpicado a los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva, condenado este año a nueve años y medio de prisión por uno de los casos, Dilma Rousseff, así como al actual mandatario, Michel Temer, y a varios de sus ministros.
Odebrecht ha firmado acuerdos, que incluyen el pago de multas, con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga y trabaja con otros países para cerrar pactos similares.
