El impacto de cancelar el NAIM, más allá de los costos
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es tema de discusión y polémica. Andrés Manuel López Obrador afirma que es una obra innecesaria y promete que cancelará los trabajos para revisar su viabilidad, pero las cúpulas empresariales y varios expertos afirman que no será posible cancelarlo, pues habría fuertes repercusiones para el país.
Hasta el momento se han licitado contratos por más de 75% del monto de inversión total del aeropuerto, las obras de preparación del suelo ya se concluyeron y están en marcha la construcción de pistas, la torre de control y la terminal aérea.
"El aeropuerto no se puede cancelar ni suspender. En términos de la ley no es factible, por temas de seguridad, de pasajeros, de interconectividad, de incumplimiento de contratos... La calificación de México se iría al piso", dijo Luis Rubio, socio director de la firma legal Holland & Knight México.
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Los contratos adjudicados hasta el momento incluyen a empresas mexicanas como Carso, ICA, Prodemex y GIA, y a compañías internacionales como Parsons.
Según Bernardo Quintana, presidente de ICA, que participa en la cimentación y construcción de la terminal aérea, cancelar el proyecto sería un "error histórico". "Nosotros tenemos un contrato y la ley mexicana nos protege ese contrato como a todos los demás. Hay que luchar todos porque haya Estado de Derecho y se respeten los compromisos", mencionó.
Las empresas internacionales que participan en el proyecto pueden dificultar aún más una potencial cancelación, de acuerdo con Rubio, pues se afectaría a varios tratados comerciales y las compensaciones por cancelación serían mucho más elevadas.
Otro 'blindaje' con que cuenta el nuevo aeropuerto es el financiero, compuesto por la emisión de bonos por más de 6,000 millones de dólares y por el reciente lanzamiento de la Fibra E del NAIM por 30,000 millones de dólares.
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En ambas emisiones participaron tanto inversionistas nacionales, como las Afores, como fondos internacionales.
La suspensión o cancelación del proyecto implicaría el incumplimiento de las obligaciones de los bonos, explicó Rubio. La emisión está garantizada con la futura operación del aeropuerto y el flujo que genere, por ello "la operación debe seguir un ritmo de construcción y debe comenzar a haber flujos derivados de los aprovechamientos del aeropuerto, como la tarifa de uso, renta de aerolíneas y servicios complementarios como turbosina y servicios comerciales".
Por el momento, la calificadora Moody's mantiene una perspectiva negativa sobre la calificación de la emisión y apunta posibles riesgos por factores políticos.
"Si como resultado de las elecciones presidenciales cambia nuestra visión sobre el supuesto de apoyo implícito del gobierno (al NAIM), la calificación también enfrentaría una presión a la baja", mencionó Moody’s en un reporte publicado el año pasado.
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En este sentido, el socio de Holland & Knight advirtió que puede haber repercusiones en la calificación del país, al ser un proyecto financiado en parte con recursos presupuestales.
"No solo tiene un costo directo en pago de daños y perjuicios a los participantes (en construcción), sino el costo indirecto enorme que es la pérdida de credibilidad de país. Además, se daría un incumplimiento total de la Fibra E", agregó Rubio.
