Una inversión pública estancada será otro reto para AMLO
El gobierno federal entrante, presidido por Andrés Manuel López Obrador, recibirá las finanzas públicas con los niveles de inversión en infraestructura y obra pública (inversión física) más bajos de los últimos nueve años.
Con caídas consecutivas anuales desde 2015, el gasto en inversión física representó 2.6% del PIB en 2017, el menor nivel visto desde 2006, cuando representó 2.4%, refieren datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Considerando que la nueva administración quiere elevar este gasto de manera paulatina a 5% del PIB, uno de sus mayores retos estará en liberar recursos públicos, para destinarlos al desarrollo de proyectos de infraestructura rentables y atractivos para que participe la iniciativa privada, consideró Valeria Moy, directora del observatorio en materia de política pública, México, ¿Cómo Vamos?
La inversión en infraestructura y obra pública (escuelas, hospitales, deportivos, gasoductos, carreteras, puentes y caminos, entre otros), es importante porque genera empleos y de esa forma aumenta el poder adquisitivo de las familias. También beneficia al bienestar social de la población, refiere información de HR Ratings.
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Con ella se generan mejores condiciones para reducir los costos de transporte, producción y logística, lo que hace a un país más competitivo y atractivo para la inversión privada.
Cumplir con el cometido de elevar el gasto de inversión a 5% del PIB, de inicio no será sencillo para la nueva administración, consideró Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
"Venimos de tres años de recortes y cancelaciones de proyectos de infraestructura, a la par de una deuda pública creciente, lo que va apretando las finanzas públicas y mermando tu economía”, explicó.
La serie de recortes al presupuesto público inició en 2015, cuando Luis Videgaray estaba al frente de la SHCP, a raíz de menores precios del petróleo a nivel internacional. Los recortes incluyeron a Pemex y a la CFE y derivaron en la cancelación de proyectos como el Tren Transpeninsular de Quintana Roo y el México-Querétaro, contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018.
"Cuando sale el gobierno a decir que habrá recortes, termina quitando recursos al gasto de inversión, en vez del gasto corriente. Cortar el segundo implica cerrar o fusionar dependencias, despedir personal, cancelas proyectos que aún no arrancan", dijo Moy.
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A inicios de 2016, Videgaray anunció un recorte al presupuesto del sector público por 132,300 millones de pesos, de los cuales 60% fue del gasto corriente y el resto del gasto en inversión. De ese total, 100,000 mdp, fueron ajustes en Pemex.
No obstante, a finales de 2016, ese gasto creció 0.2% respecto a 2015, y fue 50,000 mdp mayor al aprobado por el Congreso, mientras el gasto en inversión física cayó 8.3% real anual, refieren datos de la SHCP.
En 2017, ya con José Antonio Meade al frente de Hacienda, el presupuesto tuvo un recorte de 70,000 mdp. Ese año, el gasto de inversión física cayó 26.3%, mientras que el gasto corriente creció 2.9% real anual, refiere SHCP.
Carlos Urzúa, quien será el próximo titular de Hacienda, ha referido que uno de los principales objetivos de recortar gasto corriente, es redirigir esos recursos a proyectos de infraestructura, programas sociales y reducir el nivel de deuda.
Uno de los principales proyectos que avizora el nuevo gobierno es la rehabilitación de las seis refinerías que existen en el país, y la construcción de dos nuevas, para disminuir la dependencia energética con Estados Unidos.
Otro de los proyectos en materia de infraestructura es la construcción de un tren turístico que irá de Cancún a Palenque, el cual tendrá 900 kilómetros de vías, y tiene por objetivo detonar la economía en la zona sur del país. Según Urzúa, la licitación para este proyecto estará lista el próximo 3 de diciembre.
