Embargo de bienes vs Odebrecht está en litigio, dice Función Pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer que el embargo de bienes y derechos de cobro contra Odebrecht que solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue en litigio y aún están en están en desahogo dos procedimientos de responsabilidad que se prevé concluyan antes del 30 de noviembre próximo.
La dependencia dio a conocer a través de sus redes sociales que desde diciembre de 2016 a la fecha ha impuesto sanciones por más de 1,086 millones de pesos (mdp) y mantiene en revisión la evolución patrimonial de 14 funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionados con el caso Odebrecht.
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El organismo hizo un balance del caso desde que "se tuvo conocimiento de la investigación a la empresa brasileña, a partir de una resolución de la Comisión de Cambios y Seguridad de Estados Unidos" (SEC, por sus siglas en inglés).
La Función Pública recordó que se enteró del caso de corrupción de Odebrecht en varios países de América Latina el 22 de diciembre de 2016 y desde entonces se inició una auditoría transversal en la Administración Pública Federal para identificar a las filiales de la compañía brasileña en México y revisar los contratos de ésta con Pemex.
Como parte de la auditoría se identificaron 21 filiales de Odebrecht que han operado en México, cuatro de las cuales fueron inhabilitadas, al igual que dos de sus representantes de Pemex, además de que se emitieron dos sanciones contra un funcionario de esta empresa productiva del Estado por pagos excesivos.
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La dependencia detalló que "con las inhabilitaciones, las filiales de Odebrecht están impedidas para participar en cualquier procedimiento de contratación pública en México" y el país es el primero en inhabilitar a la compañía.
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— SFP México (@SFP_mx) 24 de septiembre de 2018
En los últimos años, Odebrecht ha estado en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina y, a pesar de haber admitido que pagó sobornos en gran parte de la región, en México no hay ningún funcionario acusado.
La constructora brasileña reconoció haber pagado 10.5 millones de dólares (mdd) a funcionarios mexicanos para obtener licitaciones.
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Con información de Obras