Incluso en la Ciudad de México parecía que se destrabarían los procedimientos para realiza construcciones tipo B y C que habían sido parado a finales del 2019 con la entrada de la nueva administración.
Sin embargo, con el surgimiento de la pandemia de Covid-19, las cosas comenzaron a cambiar negativamente. En otros países en donde se sufría un alto número de contagios, obras (incluso emblemáticas, como la Sagrada Familia), se habían detenido para evitar la propagación del virus.
En México, las acciones del gobierno federal indicaban que tardaría mucho para que eso sucediera. El Consejo Mexicano de la Industria de la Construcción (CMIC) pronosticaba que eventualmente tendrían que detenerse las obras de edificios grandes, en donde se aglutinaran gran cantidad de trabajadores.
Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) preveía un fuerte daño a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que en caso de que las construcciones se suspendiera, no tendrían recursos necesarios para subsistir sanamente.
El presidente de, grupo, Ricardo García León aseguraba, en entrevista con Obras, que tenían que detenerse las constricciones in situ, debido a que no se podía garantizar la sanidad de los trabajadores por completo, ya que correrían riesgo de contagio al trasladarse de su vivienda al lugar de la obra.
El 28 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México emitió el Protocolo para Construcciones que tiene como objetivo la seguridad y salud de los trabajadores, con acciones como garantizar suministro de jabón agua y gel antibacterial; además de abordar medidas preventivas como tomar la temperatura de cada persona que ingreso y respetar la sana distancia.
Las medidas permitirían sortear los obstáculos y continuar con las labores, por lo menos en la capital del país. Igualmente, anunciaron que se construirían 17 edificaciones en Reforma, con Acuerdo de Facilidades , para reactivar al sector en cuanto acabe la contingencia. Sin embargo, el reto al que deberían enfrentarse se volvió realidad.
Después de que este 31 de marzo el gobierno federal indicara que se deberían suspender todas las actividades no esenciales, es decir, que sólo continuará operando sector salud, seguridad pública, protección ciudadana y procuración de justicia, bancos, gasolineras, repartidores de gas y agua, industria alimentaria, supermercados, tiendas y consumo, logística y transporte, mensajería, telecomunicaciones y medios de información, además de almacenamiento.
El 1 de abril por la tarde, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) confirmó a sus afiliados que durante esta semana se tendrían que detener los trabajos de construcción del sector privado y la CMIC confirmó que sólo continuarán las obras públicas, principalmente las referentes a la reconstrucción de tras los sismos del 2017, el Metro y Metrobús. Por lo que los organismos de empresas del sector han enviado mensajes al gobierno federal solicitando medidas para ayudar a la industria a aminorar la crisis.
Ricardo García de León, presidente de la AMIC, propuso un pacto con las Mypymes y el gobierno de México en donde se les ayude a los pequeños negocios a mantener la planta laboral, “donde se les permita prorrogar pagos de impuestos y algunas otras prestaciones sociales para que podamos con ese recurso pagar a nuestra plantilla laboral y no descansarlos, además de pequeños contratos para empresas Mypymes, que vayan directamente a las empresas que contratan a la mano de obra”, dijo en un video.
