Con su nuevo cargo relevan a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, quien es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y contra quien hay una orden de aprehensión desde el pasado 29 de julio. El empresario, quien fue el director general de la Cooperativa durante 32 años, es acusado por lavado de dinero y delincuencia organizada.
El organismo congeló sus cuentas desde el 29 de mayo y las de Alfredo Álvarez Cuevas, director de Planeación Estratégica, además de Víctor Garcés, exvicepresidente de Cruz Azul, ya que encontraron movimientos irregulares en su sistema financiero: más de 300 millones de pesos fueron entregados por la Cooperativa a empresas fachada, declaró Santiago Nieto, titular de la UIF. También se encontraron transferencias por más de 1,300 millones de pesos realizadas hacia cuentas bancarias internacionales.
Las empresas urilizadas son: Plexival S.A. de C.V., Trans Nau S.A. de C.V., Recursos Financieros Kerela S.A. de C.V., Asesorías Profesionales Eicer S.A. de C.V., Kant C Consuting S.A. de C.V. y Expertos en Asesoría Empresarial S.A. de C.V.
Igualmente fueron detectadas compras irregulares de 15 propiedades en Estados Unidos, realizadas desde 1998, de las cuales 11 habrían sido adquiridas por Guillermo Héctor Álvarez y el resto por Víctor Garcés.
Ante las acusaciones, el despacho estadounidense Nixon Peabody, defensa del empresario, entregaron documentos en los que argumentan que 10 de los 11 inmuebles son pertenecientes a personas con el nombre “Guillermo Álvarez”, pero no coinciden con los datos completos del empresario.
También la Cooperativa comunicó que las transferencias bancarias por la UIF son a las cuentas de CYCNA de Oriente, propiedad de la cooperativa. Sin embargo, no ha sido posible comprobar la veracidad de los argumentos, por lo que sus cuentas siguen bloqueadas.
Ordenan la detención de 'Billy' Álvarez, presidente de Cruz Azul
El jueves 6 de agosto elementos de la Secretaría de Seguridad de la CDMX aseguraron las oficinas de la Cooperativa Cruz Azul para ponerlas a disposición del Consejo de Administración en funciones, como parte del juicio mercantil con la Afianzadora CBL Fiducia S.A. de C.V. con la cual se arrendó, por cinco años, maquinaria, bienes y equipo propiedad de la cementera, supuestamente de manera ilegal. Este señalamiento es independiente al realizado por la UIF.
