Adjudicaciones o licitaciones: así han dado contratos los últimos tres gobiernos

Manuel López San Martín, uno de los moderadores del encuentro, preguntó cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión y reducir los “moches”.

Como respuesta, Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de los partidos Morena, del Trabajo y Verde; Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, hablaron sobre la contraposición de la adjudicación directa, la licitación pública y la invitación a, por lo menos una persona, concursar por la dotación de un servicio.

Parte de la conversación se centró en la casi erradicación de la preponderancia del primer tipo de contratos, y en la cantidad de contratos dados bajo esta modalidad en la actual y pasadas administraciones.

La cifras

Del año 2007 a 2023, se han dado un total de 92,920 contratos, bajo todos los esquemas, para obra pública y servicios relacionados a ella (como de mantenimiento, por ejemplo). Del total, 27.4% han sido por adjudicación directa.

En este periodo, el año en el que se han dado más contratos en adjudicación directa fue 2017, último año completo de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (para el ejercicio se tomaron en cuenta los primeros y últimos años enteros de los sexenios).

De acuerdo con la plataforma de Datos Abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 30.3% del total de contratos dados a obra pública fueron adjudicaciones directas, y 52.9% datos a los servicios relacionados también compartieron esta modalidad.

Por el lado contrario, el año cuando la proporción fue menor se registró en 2011, durante la administración de Felipe Calderón, cuando se otorgaron 11.3% del total de los contratos de obra pública en adjudicación directa y 16.5% de los servicios relacionados también en esta modalidad.

El actual gobierno registró una tasa de 26.5% durante 2019 en adjudicaciones de obra pública, y de 50.5% en servicios relacionados. El año pasado, el índice bajó a 24.1% y 22.4% respectivamente.

Pero ¿por qué son relevantes este tipo de contratos en la edificación y mantenimiento de infraestructura del país?

De acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hay tres procedimientos de contratación.

¿Qué es la adjudicación directa?

Según el gobierno de México, es un procedimiento que se realiza sin que se ponga en concurso, por ende, sin que haya competencia, asignando un contrato de un producto y servicio a una empresa o persona determinada sin que haya pasado por un proceso de preselección.

Hay 41 escenarios en los que se puede recurrir a esta figura, la principal es cuando no existen bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables o las personas contratadas poseen la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos. También destaca cuando existen casos de fuerza mayor que impiden realizar contratos a través de licitación.

No obstante, de acuerdo con la Revista Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su uso va más allá de lo necesario, “la problemática que arroja este uso desmedido de la adjudicación directa es que la administración lo ha convertido en la regla general, y la licitación pública ha quedado desplazada a ser el procedimiento por excepción”.

¿Qué es la licitación pública?

Se trata de un procedimiento de contratación en el que se realiza una convocatoria pública para la contratación de un servicio o producto, o la compra de un bien, y en el que pueden participar todos los interesados que cumplan con los requisitos previstos.

De acuerdo a Jurídicas de la UNAM, es el sistema “por excelencia”, ya que busca garantizar las mejores condiciones de adquisición.

¿Qué es la invitación a cuando menos tres personas?

Es una alternativa a la licitación pública que se recomienda utilizar cuando se trata de urgencias además de cuando las contrataciones se realicen con fines militares o para la armada, ya que una convocatoria pública podría poner en riesgo la seguridad pública o nacional.

También suele utilizarse como barrera de entrada alta cuando el servicio o producto que se busca contratar tiene criterios de selección muy especializados. Esta modalidad suele ser la más usada por el gobierno federal.