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IEnova y la CFE acuerdan suspender plazos del gasoducto Guaymas-El Oro

IEnova y la CFE firmaron un convenio de suspensión de plazos para evitar la terminación de contrato del ducto, el cual dejó de operar en agosto de 2017 debido a la acción de terceros.
lun 05 agosto 2019 01:14 PM
gasoducto
La CFE anunció a inicios de julio que había abierto procesos de arbitraje contra contratos de siete gasoductos que involucran a las empresas IEnova, TC Energy, Fermaca y Carso.

CIUDAD DE MÉXICO. IEnova y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron suspender plazos para evitar la terminación anticipada del contrato del gasoducto Guaymas-El Oro, firmado el 1 de noviembre de 2012.

Infraestructura Energética Nova (IEnova) dio a conocer en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores explicó que la operación del gasoducto fue interrumpida por terceros desde el 22 de agosto de 2017 a la fecha y, de acuerdo con los términos del contrato, si un evento impide la transportación de gas natural a la CFE por un periodo mayor a dos años consecutivos, el contrato se termina.

Para evitar ese escenario, ambos entes firmaron un convenio de suspensión. Además, en los próximos cuatro meses tanto IEnova como la CFE se comprometieron a realizar las acciones necesarias para reiniciar la operación del ducto.

Lee más: IEnova busca que la CFE prorrogue una cláusula del gasoducto Guaymas-El Oro

La firma, no obstante, "no implica renuncia alguna a los derechos que tienen las partes conforme al contrato".

Ambas partes han llevado a cabo negociaciones desde hace semanas, luego de que la CFE ha interpusiera arbitrajes internacionales contra IEnova y también contra Transcanada, Carso Energy y Fermaca, por cláusulas en contratos de siete gasoductos inconclusos o que han parado su operación, las cuales considera injustas.

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En 2018, la CFE pagó cerca de 5,800 millones de pesos el año pasado por infraestructura que no estaba terminada debido a las llamadas cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito. Estas cláusulas señalan que el gobierno debe pagar cuando se demuestre que los proyectos están detenidos por cuestiones sociales, ambientales o políticas.

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