Un juez suspende en definitiva la manifestación ambiental de Santa Lucía
CIUDAD DE MÉXICO. El juez de Décimo Distrito en el Estado de México otorgo la suspensión definitiva contra la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.
Esta suspensión prohíbe ejecutar la Autorización de Impacto Ambiental, hasta que un juez determine si el proyecto cumple con los principios ambientales y con el derecho constitucional a un medio ambiente sano, de acuerdo con un comunicado de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Por lo tanto, implica que la construcción de la obra debe esperar a que se emita la sentencia definitiva del juicio de amparo promovido por el colectivo #NoMásDerroches, que impulsa una serie de varios amparos contra la nueva terminal aérea.
La suspensión se otorgó debido a que la propia MIA, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconoce daños al ecosistema de las regiones que se verán impactadas por la obra.
La obra de Santa Lucía se suspende de modo definitivo por orden de un juez
Entre esos daños se enumeran: tala de vegetación; reubicación de fauna y flora; aumento de contaminación atmosférica por aumento de tránsito vial; disminución de captación de agua; daños de difícil reparación en perjuicio de comunidades por modificación del entorno.
La semana pasada, # NoMásDerroches obtuvo una suspensión definitiva por parte del juez quinto de distrito en materia administrativa para frenar los trabajos de Santa Lucía.
El colectivo está integrado por organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C. (ComexDH), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El grupo argumenta que la decisión del Gobierno federal de detener la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, y reemplazar el plan por el de Santa Lucía, no se ajusta a los principios constitucionales eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público.
