El gobierno federal fue cuestionado por las empresas ganadoras de las licitaciones, ya que a la que se le adjudicó el primer tramo fue beneficiada durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto. También la compañía ganadora para edificar el tercer segmento, fue la que construyó el segundo piso del Periférico de la Ciudad de México en 2005, cuando López Obrador estaba a cargo de la jefatura de gobierno.
Sin embargo, él negó que en su gobierno hubiera corrupción: “Si no tienen cuentas pendientes con nosotros, es decir, si no dejaron pendientes obras inconclusas u obras no terminadas, pues no se les puede impedir que participen. nosotros lo que cuidamos fue el proceso de licitación y se les entregó porque fueron las mejores propuestas. Y en este gobierno no se permite la corrupción y el influyentismo”.
Y agregó, “fueron las que ofrecieron las mejores condiciones y por eso se les entregaron los contratos a las tres empresas a las que se les han entregado contratos. y falta el cuarto tramo. Entonces hemos estado muy pendientes de eso”.
Por su parte, Rogelio Jiménez Pons, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dijo que hay 80 empresas internacionales interesadas en participar en el proyecto, uno de los más emblemáticos del gobierno de López Obrador. El funcionario agregó que el proyecto creará aproximadamente de 80 a 100 mil nuevos empleos.
Caricaturas para explicar el proyecto del Tren Maya de López Obrador
El funcionario también dio a conocer que el gobierno se hará cargo de una “deuda histórica” para los antiguos dueños de los terrenos por los que pasará el Tren Maya. Informó que al buscar los derechos de vía que, supuestamente, tenía la administración pública, encontraron que no hay documentos que lo validen.
“Fuimos descubriendo que había muchas demandas que se habían perdido por parte del gobierno federal, de gente que le habían tomado su terreno y nunca le pagaron. Hace tres semanas empezamos a hacer los primeros pagos de esa deuda histórica de derechos de vía que no se habían pagado y que suman 757 millones de pesos”, dijo Jiménez Pons.
A lo que se le suman otros 300 millones de pesos, ya que existen demandas de mexicanos a los que no se les pagó por el derecho de vía en carreteras, como es el caso de Carrillo Puerto en Quintana Roo.
