María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta, organización civil que busca incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia, dice en entrevista con Obras que hay un subregistro de los casos, ya que según investigaciones realizadas en medios de comunicación y de acuerdo a entrevistas a familiares de personas recluidas, hay más personas contagiadas.
Ante la situación, gobiernos estatales de la capital del país, Estado de México y Oaxaca, aplicaron dos esquemas: libertad anticipada y libertad condicional. La primer estrategia fue impulsada por la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril del 2020.
“Es una preliberación que está autorizada por ley y están consideradas 800 personas. Ya se han ido preliberando alrededor de 250. No son delitos graves y estaban por cumplir su sentencia”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El objetivo fue reducir la sobrepoblación presentada en algunos centros penitenciarios que provocaba un mayor riesgo de contagio de COVID-19, y que ha existido durante décadas.
“La pandemia vino a exponer lo peor del sistema penitenciario (...), sugiere cárceles que tienen problema de infraestructura y, más que eso, tiene problema de hacinamiento. Cuando tú tienes uno como en la Ciudad de México o en las cárceles del país entero es prácticamente imposible determinar una sana distancia. Y tienes un sistema penitenciario totalmente olvidado por la federación”, dice en entrevista con Obras Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización civil Reinserta, enfocada en romper círculos de delincuencia y violencia al trabajar con el sistema penitenciario.
Penales abarrotados
En México hasta el 2018 había registrados 309 centros de reclusión social en los estados, de los cuales 255 son para adultos y 54 para adolescentes. Ese año había 176,819 personas prisioneras, de las que 34.6% permanecían privadas de la libertad sin tener sentencia. En la actualidad, según información de Niño de Rivera, la cifra asciende a 47%.
Datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, realizado por la CNDH a centros penitenciarios estatales, indican que la mayoría de los sitios cuentan con algún grado de hacinamiento. Los penales en los que se presenta esta situación en mayor gravedad, se encuentran en Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.
Respecto a la sobrepoblación, ésta es grave en los centros penitenciarios del mismo nivel. La información recabada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales desde 2011 a 2017, últimos años de los que se tiene reporte en el informe de Estadísticas sobre el sistema penitenciario Estatal en México, indican que alojan a más gente de la que se puede acoger.
“La tasa nacional más baja se registró en 2016, periodo en el cual la sobrepoblación de las prisiones estatales llegó a 110%. Sin embargo, el 2011 al 2015 el promedio histórico de la tasa de sobrepoblación a nivel nacional superó el 120%, cifra considerada por el Consejo Europeo como sobrepoblación crítica”.