La fallida construcción de la infraestructura penitenciaria como negocio

María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta, organización civil que busca incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia, dice en entrevista con Obras que hay un subregistro de los casos, ya que según investigaciones realizadas en medios de comunicación y de acuerdo a entrevistas a familiares de personas recluidas, hay más personas contagiadas.

Ante la situación, gobiernos estatales de la capital del país, Estado de México y Oaxaca, aplicaron dos esquemas: libertad anticipada y libertad condicional. La primer estrategia fue impulsada por la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de abril del 2020.

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“Es una preliberación que está autorizada por ley y están consideradas 800 personas. Ya se han ido preliberando alrededor de 250. No son delitos graves y estaban por cumplir su sentencia”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El objetivo fue reducir la sobrepoblación presentada en algunos centros penitenciarios que provocaba un mayor riesgo de contagio de COVID-19, y que ha existido durante décadas.

“La pandemia vino a exponer lo peor del sistema penitenciario (...), sugiere cárceles que tienen problema de infraestructura y, más que eso, tiene problema de hacinamiento. Cuando tú tienes uno como en la Ciudad de México o en las cárceles del país entero es prácticamente imposible determinar una sana distancia. Y tienes un sistema penitenciario totalmente olvidado por la federación”, dice en entrevista con Obras Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización civil Reinserta, enfocada en romper círculos de delincuencia y violencia al trabajar con el sistema penitenciario.

Penales abarrotados

En México hasta el 2018 había registrados 309 centros de reclusión social en los estados, de los cuales 255 son para adultos y 54 para adolescentes. Ese año había 176,819 personas prisioneras, de las que 34.6% permanecían privadas de la libertad sin tener sentencia. En la actualidad, según información de Niño de Rivera, la cifra asciende a 47%.

Datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, realizado por la CNDH a centros penitenciarios estatales, indican que la mayoría de los sitios cuentan con algún grado de hacinamiento. Los penales en los que se presenta esta situación en mayor gravedad, se encuentran en Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas.

Respecto a la sobrepoblación, ésta es grave en los centros penitenciarios del mismo nivel. La información recabada por el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales desde 2011 a 2017, últimos años de los que se tiene reporte en el informe de Estadísticas sobre el sistema penitenciario Estatal en México, indican que alojan a más gente de la que se puede acoger.

“La tasa nacional más baja se registró en 2016, periodo en el cual la sobrepoblación de las prisiones estatales llegó a 110%. Sin embargo, el 2011 al 2015 el promedio histórico de la tasa de sobrepoblación a nivel nacional superó el 120%, cifra considerada por el Consejo Europeo como sobrepoblación crítica”.

Además, hay otros problemas de infraestructura que agravan la situación de contagios de coronavirus, como el acceso al agua, el cual suele ser escaso no sólo en las prisiones de México, sino en la región.

“Todas esas medidas de higiene y limpieza que se deben respetar para prevenir y controlar la enfermedad se vuelven muy difíciles de implementar en este marco, además de otros aspectos como la preparación de comida. Prácticamente, el espacio o la infraestructura penitenciaria no está ayudando de ninguna forma a prevenir la enfermedad en los lugares de detención” dice a Obras Carole Pittet, coordinadora de Protección de la Delegación Regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

“La pandemia no está afectando por la reclusión como tal. Afecta mucho más la impotencia de saber que no tienen control absoluto respecto al hacinamiento en el que viven y a las condiciones que los rodean. Por ejemplo, en la penitenciaría de la Ciudad de México quemaron vivo con agua caliente a un tipo que estaba tosiendo. Se ha generado una especie de paranoia”, comenta Saskia Niño de Rivera.

Pero estos problemas, que han existido siempre, van más allá. Vulneran los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y contribuyen de manera negativa al sistema de seguridad del país. La falta de presupuesto (que se redujo en casi mil millones de pesos de 2018 a 2019), sobreutilización de la cárcel como solución a los problemas de seguridad y la poca importancia brindada al sector, ha contribuido a problemas como la autogobernanza y la ejecución de crímenes dentro de las prisiones.

“Si no tenemos cárceles que funcionan, México no avanzará en materia de seguridad”, dice la titular de Reinserta, y agrega que 755 de las extorsiones telefónicas vienen de las cárceles, así como orquestación de secuestros y otros hechos delictivos.

El problema es histórico, pero en México se agravó durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”; indica Alejandro Marambio Avaria, asesor regional en Sistemas Penitenciarios del CICR, delegación para Panamá y el Caribe. Durante este tiempo creció la tasa de prisionización. “Luego te encuentras con el presupuesto, cuánto cuesta mantener un sistema penitenciario con tanta cantidad de personas, eso implica que el sistema se vuelva muy caro y esto es la primera marca en cuanto a razones por las que hay esta situación de malas condiciones”, agrega el experto.

El negocio fallido

Como solución, Felipe Calderón anunció durante su cuarto informe de gobierno, que algunas prisiones federales serían construidas a través del esquema de Asociación Público Privada (APP), y que estas tendrían capacidad para 32,500 internos. Consistió en que empresas construyeran y llevaran la administración de los centros de reclusión social, mientras que el Estado se hacía cargo de la seguridad y custodia.

Las licitaciones se llevaron a cabo y resultaron ganadoras seis compañías: ICA, Homex, Tradeco, Prodemex, Arendal y GIA, o con contratos por 22 años. La propuesta esperaba tener resultados beneficiosos para ambas partes: en primer lugar, el gobierno reduciría la inversión a este sector (se estimó que el costo diario de cada interno bajaría de 690 pesos a 230), se mejorarían las condiciones de los penales y las empresas serían favorecidas con contratos por 4,000 millones de pesos por cada centro penitenciario.

Finalmente se construyeron siete penales, de los cuales la culminación de cinco llegó hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Los resultados, mostraron que aunque se solucionó la sobrepoblación, debido a que se edificaron grandes centros con innovaciones y alta tecnología, los problemas continuaron.

“Las empresas donaron el lugar, el espacio físico en donde se construyeron estas prisiones, pero están edificadas en medio de la nada, en lugares poco accesibles para las familias, como el caso del Cefereso 16 de Morelos o de Ocampo; esto ha debilitado la visita de las familias porque les cuesta mucho dinero y tiempo; además esto afecta al personal”, dice María Sirvent de Documenta.

Y agrega: “Otra cuestión es que se construyeron grandes prisiones en donde lo que pasa es que está muy bonita, hay grandes tecnologías, pero hay necesidad de meter internos porque el gobierno le paga a la empresa haya personas privadas de la libertad o no, entonces la persona se vuelve como un negocio. Y el modelo que se implementa en la gran mayoría de las prisiones es muy violatorio de los derechos humanos, copiado de Estados Unidos, modelo de aislamiento donde los in ternos están 23 horas en su celda, una hora afuera, en un panóptico”.

Las empresas implicadas tampoco han mostrado grandes beneficios a sus negocios. Aunque los contratos son privados y las compañías no han dado información al respecto, la realidad ha mostrado que dos de los penales no lograron construirse por inconvenientes con el crimen organizado y dos de las empresas involucradas intentaron vender su participación.

Para Sirvent estos indicadores muestran que el esquema, manejado a nivel federal, y el tamaño de las prisiones no son la respuesta adecuada a los conflictos. Las prisiones no están hacinadas por el sistema penitenciario, sino por una falla en el sistema de justicia en general, y las APP no han funcionado por el trasfondo no adecuado en el que fueron concebidas.

“La legislación de la obra pública es deficiente para promover la buena gobernanza en la materia. Por una parte, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) se enfoca principalmente en los procesos de contratación/ adjudicación de las obras sin poner la atención deseable en la planeación, el monitoreo de la ejecución de las obras o su operación (para la cual no se establecen reglas en la Ley). En este sentido resalta que no se asegura la objetividad de los diagnósticos de infraestructura, es decir: existe la posibilidad de que se decida construir obras que no responden a necesidades reales”, indica el informe de Privatización del Sistema Penitenciario en México de Documenta.

Además, existe opacidad en el uso de recursos y responsabilidades de los funcionarios encargados de la construcción de infraestructura, dicta el informe.

La solución a la infraestructura carcelaria

“¿Cuánto del PIB se puede usar en sistemas penitenciarios? Si no tienes la capacidad económica para mantener centros penitenciarios, no puede ser una buena alternativa construir más”, dice Alejandro Marambio Avaria del CICR. “No hay que olvidar que una cárcel que no está bien gestionada, que no hay los recursos necesarios, también se puede volver rápidamente fuente de riesgos en términos de seguridad, no sólo en el lugar, sino de seguridad pública”, agrega Carole Pittet.

La solución sería reformar el sistema penal y darle la importancia debida de reinserción social, y dejar de usar a las prisiones como herramienta de castigo, ya que no aporta a la seguridad del país. Las personas privadas de su libertad se enfrentan a dos consecuencias, comenta Saskia Niño de Rivera. En primer lugar, las personas culpables crean grupos delictivos en el interior que continúan cometiendo delitos, y los inocentes son víctimas de resentimiento social que después los puede impulsar a cometer crímenes.

En cuanto a las cárceles federales construidas y administradas con el modelo APP, se podría realizar una mejora si se garantizara transparencia y respeto a los derechos humanos. En tanto que se deberían invertir más recursos en mejorar la infraestructura de los penales estatales y municipales, lugares en donde se enfrentan a carencia de servicios básicos y en donde se presentan los mayores problemas de hacinamiento, apunta María Sirvent de Documenta.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido Estándares de Infraestructura Carcelaria, como resultado del análisis y visitas a centros de reclusión social de la región. Aunque Alejandro Marambio Avaria considera que las prisiones deben ser edificadas de acuerdo a las características de cada población, “lo importante es tener claro el tipo de perfil del centro penitenciario que necesitamos”, dice Marambio Avaria.

“No son necesarias cárceles con grandes torres y grandes rejas, si la mayor parte de la población penitenciaria requiere mediana seguridad. Y sin embargo hay muy pocos centros penitenciarios pensados desde ese punto. Esto sólo hace más difícil la gestión y el tratamiento penitenciario, lo que fortalece carreras criminales”, agrega el especialista.

Actualmente, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Puebla tiene la propuesta de edificar cinco centros de reclusión social en el estado, ya que ayudaría a que la entidad se posicionara en los primeros 10 puestos de valuación de penales a nivel nacional (existen 21). Por lo menos uno de ellos debería ser femenil, ya que la CNDH realizó la recomendación de construir una cárcel con esta tipología.

La edificación contribuiría a la reactivación del sector de la construcción después de la pandemia, dice Héctor Sánchez, presidente de la Cámara en el estado. "Es una posibilidad de estar activo en estos momentos tan complicados, de estar construyendo en la especialidad que se requiere en el tema de justicia", indica. Sin embargo, las organizaciones especializadas plantean que primero se haga una reforma del sistema, para que estos centros sean el último recurso de impartición de justicia.