Las obras de infraestructura que el gobierno federal considere como prioritarias, podrán ser aprobadas y comenzadas en menos de cinco días, debido a que este 22 de noviembre, el presidente decretó como de seguridad nacional los proyectos del ramo.
La decisión ha sido rechazada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) debido a que la consideran vulnera el Estado de Derecho y pone en riesgo la seguridad de las obras.
“Al darse en cinco días la autorización, los análisis se hacen de manera rápida y no es posible hacer físicamente una revisión seria y adecuada (...) fundamentalmente, respecto a la seguridad estructural, para poder garantizar de acuerdo a la normatividad existente la seguridad de los usuarios”, dijo en conferencia de prensa Francisco Solares Alemán, presidente de la CMIC, organismo que cuenta con más de 9,000 empresas de la industria afiliadas.
Aunque el organismo está de acuerdo en que se debe acelerar el proceso de edificación, están en contra del mecanismo ya que consideran que la planeación es clave, y la estrategia correcta para agilizar el proceso, es idear proyectos que vayan más allá del sexenio y con anticipación.
“El agilizar las obras me imagino que se contemplan proyectos tan complicados como el Tren Maya que hablando de otras autorizaciones que se tienen, por ejemplo monumentos coloniales y de cualquier tipo, el Tren Maya atraviesa zonas muy importantes y donde el INAH tiene una normatividad específica que puede detener inclusive las obras y quizá estén pensando en algo por el estilo. En ese sentido podría analizarlas, pero consideramos que no es la forma”, agregó Fracisco Solares.
El CCE, por otro lado, manifestó su desacuerdo debido a que equiparar los proyectos federales bajo este régimen “evade diversas normas constitucionales y legales”.
Respecto a la instrucción de que las dependencias y entidades deben otorgar autorizaciones y permisos provisionales en menos de cinco días, consideran que la decisión pone a los proyectos públicos encima de la ley, lo que influirá de manera negativa en el hasto, desarrollo y derechos de los proyectos “y que dejaría a las comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”, dijo el organismo.
