El cobro de plusvalías es un hecho en la Ley de Vivienda de la CDMX

Mientras que en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México las críticas por la posible creación de un nuevo impuesto a través de la captación de plusvalías obligaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a echar atrás la redacción original del Artículo 21, en la nueva Ley de Vivienda de la capital, sí se contempla ese concepto.

El martes, mientras el mandatario local desistía en el intento de que el gobierno capitalino se quedará con una parte del plusvalor de inmuebles generado a través de la mejoras de la urbanización, ese día la Asamblea Legistiva del Distrito Federal (ALDF) aprobó una legislación que sí incluye este mecanismo a través del artículo 94.

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"El Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas. Esta captación se destinará a la defensa y fomento de interés común, a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público, infraestructura urbana y, en general, del entorno urbano”, dice la nueva ley que fue avalada con 34 votos a favor y 21 abstenciones.

A pesar de que en la redacción del atículo se señala que "la Secretaría de Finanzas asignará al Instituto (de Vivienda del DF) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías para la adquisición de reservas territoriales y la construcción de vivienda de interés social y popular", los integrantes de la Comisión de Vivienda aseguraron que su aprobación no generará nuevas tasas tributarias ni afectará el patrimonio de los capitalinos.

"Las plusvalías urbanas es una realidad en todos los asentamientos urbanos del mundo, lo que no implica aumento de tasas tributarias, sino a una mejor distribución de ingresos ya generados", dijo Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno.

La diputada Dunia Ludlow, presidenta de la Comisión de Vivienda, señaló que lo que busca la nueva legislación es garantizar el derecho de los capitalinos a una vivienda digna y adecuada, de acuerdo con lo establecido por organismos internacionales.

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No obstante, Fernando Zárate, del Partido Verde, criticó la medida y dijo que con ella se atenta el patrimonio familiar de los capitalinos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha establecido la captura de plusvalías como una oportunidad para aumentar los ingresos públicos con el objetivo de financiar infraestructura y generar un desarrollo más ordenado.

En el estudio Expandiendo el uso de la valoración del suelo: la captura de pluvalías en América Latina y el Caribe, el BID señala que puede realizar a través de tres maneras: la creación de impuestos a partir de la instalación de infraestructura en la zona; el reparto del costo de una obra entre los habitantes beneficiados a través de la contribución de mejoras; y regulaciones aplicadas a partir de convenios con desarrolladores para la obtención de contraprestaciones a cambio del derecho a construir.

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La polémica 

La semana pasada, el Artículo 21 del proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que establecía que los incrementos por el valor de uso de suelo derivados de procesos de urbanización serían parte de la riqueza de la capital, generó polémica entre diputados y la opinión pública.

"Jamás ha existido la intención del grupo redactor del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México de crear o cobrar un nuevo impuesto a los habitantes de la capital del país", aseguró el mandatario capitalino, quien pidó que la redacción quedara conforme con lo establecido en el artículo 122 de la Constitución federal y el 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de evitar interpretaciones distinas sobre el término del cobro de la plusvalía.

La Comisión de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática del Constituyente aún discute la redacción final. 

Santiago Creel Miranda, diputado del PAN, señaló que la captura de plusvalía es un mecanismo que ya existe a través de gravámenes de carácter local y federal que se aplican al momento de la compra de un inmueble.

"Estamos en contra, dado que es un doble impuesto que ni siquiera tiene los parámetros para poder hacer una correcta evaluación de qué significa ello", señaló el diputado.