El gobierno de la Ciudad de México envió reformas del Código Penal al Congreso local para tipificar los actos de corrupción inmobiliaria como delitos, y darle a los funcionarios públicos vinculados, de 10 a 20 años de prisión, de acuerdo con Martí Batres Guadarrama, actual jefe de gobierno.
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La iniciativa nace a raíz de las irregularidades encontradas en la construcción de edificios de la alcaldía Benito Juárez, en donde autoridades y empresas privadas, conocidas ahora como el Cartel Inmobiliario, realizaban omisión de permisos o violación a normas en la constitución de viviendas a cambio de beneficios económicos.
Este 16 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) dio a conocer un video en el que un empresario detalla de qué manera funcionaba el llamado Cartel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez desde, por lo menos, 2011.
De acuerdo al testimonio, durante tres administraciones algunas desarrolladoras acudían a los servidores públicos para pedir ayuda para solucionar problemas con falta de documentos o de medidas de protección civil, que legalmente tenían como consecuencia suspensión de la obra o multas.
A lo que autoridades, específicamente el general jurídico de la alcaldía, la Coordinación General de Investigación General, Ventanilla Única, la dirección de Planeación, Desarrollo y Participación de Benito Juárez, y los mismos titulares de la alcaldía, pedían montos de dinero que partían de los 150,000 pesos y aumentan dependiendo el tamaño y estado de la obra.
El declarante también dijo que se les pedían montos a las constructoras durante campañas en la alcaldía para apoyar a los candidatos, cifras de dinero más grandes como protección entera a los proyectos o incluso permitir pisos extras o construir en donde el uso de suelo era distinto.
En noviembre del año pasado, la entonces fiscal de la CDMX Ernestina Godoy, también dio detalles sobre el esquema: "La evidencia demostró que al tolerar la construcción de pisos y viviendas excedentes, hubo ganancias extra para desarrolladores inmobiliarios, quienes devolvían el favor mediante la cesión de departamentos de lujo, venta a precios de remate o a través de transacciones monetarias a prestanombres y familiares".
De acuerdo a Fadlala Akabani, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México, se han contabilizado más de 260 pisos extra en al menos 130 edificios construidos en la alcaldía Benito Juárez.
En cuanto a los ingresos que obtuvieron los funcionarios de manera ilegal, se ha calculado que ascienden a más de 7,000 millones de pesos.
Akabani también señala que las construcciones irregulares ocasionan problemas en los servicios y representan riesgos al no respetar las normas y reglamentos de construcción.
Al menos 16 funcionarios públicos han sido llevados a proceso por ser señalados como parte del Cartel Inmobiliario, un ex alcalde, tres ex directores generales, dos ex directores, un ex subdirector, un particular, un contratista, un trabajador por honorarios y una gestora, además de cinco servidores públicos más eran investigados en noviembre de 2023, de acuerdo a la entonces fiscal Ernestina Godoy.
Las autoridades capitalinas han dado a conocer que personas que adquirieron departamentos en los edificios irregulares han tenido problemas para acreditar su propiedad, debido a que no está legalmente constituida, por lo que el gobierno da facilidades para regularizar la vivienda.
Los inmuebles que pertenecían a los funcionarios (y que fueron dados con facilidades de compra o como intercambios) han sido recuperados para destinarse a oficinas gubernamentales y personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
