DeMet: la empresa ligada al desplome de San Antonio Abad que pasó de la bonanza a la quiebra
La desarrolladora nació en la década de los 90 como una de las más fuertes de la industria, pero cambios en la política de vivienda y denuncias de sus consumidores la llevaron al olvido.
Autoridades de la CDMX declararon que la desarrolladora era la responsable de las obras de demolición.(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)
Redacción Obras
La empresa de vivienda DeMet (Desarrolladora Metropolitana) había desaparecido del discurso público luego de haber tenido un crecimiento exponencial en la década de los noventa y de, posteriormente, estar vinculada a más de una centena de denuncias de sus compradores que, aunado a problemas financieros, la llevaron a su quiebra.
Pero este 9 de marzo de 2026 volvió a cobrar relevancia después de que Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, diera a conocer que era la empresa encargada de la demolición del edificio ubicado en San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, y que se desplomó de manera no controlada, ocasionando la muerte de tres personas.
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La compañía tiene una historia ligada a la vivienda social y proyectos habitacionales en la zona metropolitana y, de acuerdo con las autoridades, en los últimos años con contratos relacionados con la reconstrucción de edificios dañados del 19 de septiembre, aunque no hay documentos públicos de las asignaciones.
Después de las declaraciones, se rememoran los problemas legales de la compañía y el impacto que tuvo el cambio de política de vivienda social en sus ingresos.
De la expansión en vivienda social
DeMet surgió en 1995 bajo el liderazgo del empresario Bernardo Riojas Achutegui, en un momento de expansión del mercado hipotecario en México, con enfoque en vivienda de interés social, un segmento que en ese momento registraba alta demanda impulsada por el financiamiento de organismos como Infonavit y Fovissste.
En sus primeros años la desarrolladora creció con rapidez. Para comienzos de los años 2000 se posicionó entre las empresas con mayor presencia en el Distrito Federal dentro de ese segmento de mercado y con pretensiones a expandirse en la frontera de México y Estados Unidos.
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Su crecimiento iba impulsado por sus ventas. En el año 2000, por ejemplo, tuvo un incremento de 123.1% respecto al año anterior, mientras que Ara, su competidor principal, creció 37.6%. Al mismo tiempo su Ebitda fue de 127.2% superior y los ingresos netos 77.1% mayores a los 12 meses anteriores.
Ese mismo año ganó el Premio Nacional de Vivienda del Infonavit y el Premio Obras de Cemex al mejor proyecto de vivienda de interés social. Sus proyectos que consistían, principalmente, en conjuntos habitacionales de cuatro a siete niveles con tamaños promedios de 60 metros cuadrados y precios que rondaban los 300,000 pesos.
La empresa incluso buscó institucionalizarse y atraer inversión internacional. Entre sus socios figuraron fondos vinculados con JP Morgan y Citicorp, que participaron en colocaciones de capital para financiar la expansión del negocio.
Pero la bonanza no fue permanente.
Demet creció a partir de su modelo de viviendas de 60 metros cuadrados con valores de alrededor de 300,000 pesos.(Foto: Diana Zavala/Obras)
Conflictos con compradores y vecinos
La expansión vino acompañada de conflictos con residentes de algunos de sus desarrollos.
En 2000, habitantes de una unidad habitacional construida por la empresa en Lomas de Tarango denunciaron que los edificios presentaban grietas y problemas estructurales asociados al terreno donde se levantaron. El conjunto, conocido como Tarango I, tenía alrededor de 680 viviendas.
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Vecinos señalaron que bajo el predio existían cavidades en el subsuelo y exigieron estudios técnicos para conocer las condiciones de la construcción.
Años después surgieron nuevos conflictos. En 2006 representantes de miles de familias que habitan en distintos desarrollos de la empresa formaron una organización para exigir el cumplimiento de compromisos relacionados con servicios, escrituración y obras inconclusas.
De acuerdo con los afectados, los problemas incluían dificultades para regularizar contratos de electricidad, falta de escrituras y servicios incompletos en varios conjuntos habitacionales.
Alertas de consumidores
Las quejas de los compradores también llegaron a las autoridades.
En 2010 la Procuraduría Federal del Consumidor emitió una alerta sobre la empresa. Según el organismo, DeMet acumulaba decenas de procedimientos por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Entre enero de 2009 y agosto de 2010 se registraron 156 quejas relacionadas con incumplimientos en contratos de vivienda.
Las reclamaciones se concentraban en problemas como la falta de entrega de escrituras o la negativa de la empresa a devolver recursos cuando los compradores solicitaban la cancelación del contrato.
En ese mismo periodo, las autoridades impusieron 72 multas a la empresa por un monto acumulado superior a 10 millones de pesos.
Problemas financieros y concurso mercantil
Mientras enfrentaba reclamaciones de consumidores, la empresa también acumuló dificultades financieras.
Una parte de ese deterioro coincidió con cambios en la política de vivienda en la Ciudad de México a inicios de los años 2000. El llamado Bando 2, impulsado por el gobierno capitalino, buscó fomentar la construcción de vivienda multifamiliar en zonas centrales y limitar el crecimiento en la periferia.
La medida impactó directamente el modelo de negocio de la empresa. De acuerdo con Expansión en 2011, DeMet mantenía su reserva territorial principalmente en zonas del sur y poniente de la ciudad y en municipios del Estado de México.
Al no tener terrenos en delegaciones centrales como Cuauhtémoc, Benito Juárez o Miguel Hidalgo, donde la política urbana concentró el nuevo desarrollo habitacional, su actividad se vio frenada durante meses.
El ajuste implicó comprar suelo más caro en zonas céntricas y reducir el tamaño de los proyectos habitacionales que desarrollaba.
Al mismo tiempo, se reportaron presiones en la estructura de deuda de la empresa. Las calificadoras ya advertían problemas de liquidez y la necesidad de refinanciar pasivos.
Ese deterioro terminó reflejándose en sus resultados. La empresa registró pérdidas y una caída en ingresos y ventas de vivienda respecto a años anteriores.
Años después, los problemas financieros escalaron a tribunales. En 2014 un juez aprobó que Riober, la controladora de Grupo Empresarial México y de Desarrolladora Metropolitana, entrara en concurso mercantil debido a adeudos que arrastraba desde 2009.
El proceso judicial buscaba ordenar las obligaciones de la empresa frente a sus acreedores y dar salida a los pasivos acumulados.
Sin embargo, el caso continuó durante años. Un edicto judicial posterior señaló que Desarrolladora Metropolitana fue declarada en concurso mercantil dentro del expediente 474/2013, al acreditarse un incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones.
El proceso escaló con el tiempo. En un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2024 se declaró formalmente a la empresa en estado de quiebra.
Para entonces, DeMet ya no figuraba entre los desarrolladores activos del mercado de vivienda.
El nombre que reaparece
A pesar de ese historial judicial, el nombre de la empresa reapareció en marzo de 2026 tras el colapso del edificio ubicado en San Antonio Abad 124, en la Ciudad de México.
De acuerdo con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, la intervención contaba con permisos otorgados en 2025 y los trabajos habrían iniciado entre finales de ese año y principios de 2026.
Inti Muñoz, secretario de Vivienda, declaró este 10 de marzo que el inmueble fue contemplado para demolición desde mayo de 2018 debido a su riesgo estructural. Dos años más tarde, los propietarios constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad para gestionar las acciones relacionadas con las obras.
En 2025 los dueños del inmueble solicitaron facilidades a la Comisión de Reconstrucción para poder hacer la demolición, las cuales se otorgaron, lo que "no exime a los particulares de que en la ejecución de las obras se deba cumplir con las medidas de seguridad, de protección civil y demás responsabilidades derivadas de esa ejecución", comunicó la dependencia.
Derivado del procedimiento, en noviembre del 2025 se dio a conocer el inicio de los trabajos de demolición.
"En este sentido, al tratarse de una obra a cargo de particulares y con recursos privados, la ejecución y responsabilidad de los trabajos corresponde a los mismos, quienes deberán siempre documentar haber cumplido los requisitos antes citados, ante la alcaldía correspondiente, la que a su vez tiene la facultad de verificar que en todo momento, las obras se ejecuten con estricto cumplimiento de la normatividad aplicable", dijo Inti Muñoz.
La empresa fue relacionada con obras de reconstrucción de la CDMX.(Shelma Navarrete)
El desplome del edificio volvió a colocar a la empresa en el centro de la discusión pública, ahora en un contexto distinto al de su etapa como desarrolladora de vivienda social, sin canales de comunicación oficiales ni claridad respecto a su estructura interna.
