La SHCP blindará de malos manejos a la infraestructura
Todo indica que la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción que propone el presidente Enrique Peña Nieto, beneficiará el desarrollo de la infraestructura, pues fiscalizará el uso de los recursos públicos asignados a los tres niveles de gobierno, incluso al DF.
Lo anterior, implica la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, cuyas tareas ajenas al combate a la corrupción pasarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Así, la SHCP recuperará atribuciones –que le fueron retiradas por omisiones o modus operandi político– como el control presupuestario, las compras de gobierno vía Compranet y las licitaciones en materia de infraestructura.
Según la iniciativa de reforma, presentada en noviembre de 2012 ante el Senado de la República para combatir la corrupción en el país, la SHCP tendría el cuerpo y el carácter para diseñar, autorizar y supervisar el dinero, con lo que podría desalentar a los gobiernos, principalmente priistas, de cometer tropelías, para que el gobierno federal pueda recuperar la confianza social.
Parece que el nuevo gobierno busca curarse en salud, al someter a sus huestes y meter en orden al resto de los funcionarios, para desvanecer escándalos, como las megadeudas de gobiernos del partido tricolor en Coahuila, Michoacán y Tabasco para resarcir el rezago en infraestructura urbana y social, y que hoy piden créditos y refinanciamientos a la federación para cubrir el hueco fiscal.
Sin embargo, la reforma que busca dar vida a la Comisión Nacional Anticorrupción para investigar acciones como peculado, uso indebido de recursos públicos, usurpación de funciones o cualquier tipo de corrupción, por parte de gobiernos, empresas, fideicomisos públicos y sindicatos, con facultad de atracción, para actuar de oficio o a través de denuncias, no tiene los ‘dientes’ suficientes para actuar de forma autónoma y sancionar penalmente, pues sólo busca sancionar administrativamente, como lo hace la Secretaría de la Función Pública, cuyo porcentaje de sanciones firmes contra servidores públicos fue de 70% en 2008, según un estudio del CEESP sobre el desempeño del gobierno federal 2007-2012.
Por otro lado, resulta imposible que la comisión tenga facultad en materia penal, por lo que tendría que concebirse como una fiscalía, para quitar el monopolio a los Ministerios Públicos, que carecen de la credibilidad suficiente.
Mientras legisladores negocian la aprobación de la reforma, las dependencias continúan como hasta hoy, por lo que no se prevé el freno de licitaciones, entre otras, para la construcción de áreas industriales en la refinería de Tula a mediados de 2013, carreteras, agua y salud, entre otros, pues una vez que se apruebe la reforma y se expidan nuevas directivas y formatos, se estima que la instrumentación del nuevo marco normativo tarde entre seis meses y un año.
Sin duda, el nuevo gobierno pone sus fichas sobre la mesa y apuesta a una reforma integral de alto impacto para atacar la inseguridad pública, combatir la corrupción y mantener el control político del país, bajo el riesgo de que si no se logran los resultados pretendidos y la sociedad no percibe cambios positivos en el corto plazo, otro partido político podría arrebatarle el poder en 2018.
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* Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.
