Deudas estatales, el talón de Aquiles
Las deudas financieras que enfrentan algunos estados y municipios con las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de la construcción podrían convertirse en el talón de Aquiles para el desarrollo de la infraestructura durante este sexenio.
La CMIC advirtió que el adeudo ronda los 2,000 mdp, por lo que este año podrían desaparecer 2,000 empresas y perderse entre 10% y 15% de los 5.8 millones de empleos directos existentes.
Es gravísimo si se considera que 93% de las 10,000 empresas afiliadas a la CMIC son mipymes , enfocadas a obras municipales y a algunas estatales, ya que su tamaño no les permite participar en obras públicas federales, que al parecer no tendrán problemas para licitarse.
De acuerdo con la CMIC, las pérdidas mencionadas no se incluyen en su pronóstico de crecimiento de la industria de 4% para el periodo 2013-2018, o de 5% o 6% si se llevan a cabo las reformas estructurales necesarias. No obstante, la cartera vencida estatal y municipal puede detener el desarrollo de la infraestructura y deteriorar esta última si no hay soluciones inmediatas de inversión.
Lo más probable es que los gobiernos estatales y municipales, por sí solos, no puedan resolver rápido sus problemas financieros, porque muchos no se han reorganizado fiscalmente y no recaudan los impuestos y derechos de manera correcta para no asumir ningún costo político, y por la forma en que se les redistribuye el ingreso que se capta a nivel federal.
El IMCO destaca que en los últimos 10 años, el gasto público estatal total aumentó de 20% a más de 45%, y la recaudación fiscal estatal total se redujo de 30% a 10%. Sobresalen Quintana Roo y Tamaulipas, que no cobran tenencia vehicular, y cuyas deudas anuales ascienden a 120% y 268% en el último quinquenio. Ambas entidades registraron en 2012 una caída de inversión en infraestructura de 2.1% y 22.1% respectivamente, según la CMIC.
El problema mayor es que estamos contra reloj en términos financieros, institucionales y de acciones consensuadas entre los tres niveles de gobierno. De ahí que si la federación quiere impulsar el desarrollo de la infraestructura, sobre todo en el marco de "La Cruzada Nacional contra en el Hambre", tendrá que intervenir para garantizar que se paguen adeudos, se terminen las obras iniciadas y se tenga una inversión mínima multianual enfocada a cubrir el rezago de las necesidades más inmediatas de la población como agua, drenaje, luz, etcétera.
Se estima que un mecanismo que podría funcionar, es que una parte de los ingresos excedentes que genere el precio del petróleo se etiquete hacia los estados y municipios para obras de infraestructura, y que verdaderamente se supervise el manejo de los recursos y la rentabilidad de las obras.
De lo contrario, si persiste el problema financiero estatal y municipal podría exacerbarse al grado de que a lo largo del sexenio sólo se implementen programas emergentes que no son la solución a fondo para aumentar el tamaño, la calidad, la productividad y la competitividad de la infraestructura que requiere el país.