Acusados en el caso Estela de Luz buscan amparo
La defensa de los ocho exfuncionarios acusados de determinar en forma indebida que la Estela de Luz fuera contratada sin licitación buscará ampararse basándose en la presunta inconstitucionalidad del delito que se les imputa, el de uso indebido de atribuciones y facultades, reveló en entrevista con Obras Gabriel Regino, abogado de los inculpados.
“En el amparo vamos a reclamar la inconstitucionalidad del delito que se le pretende aplicar a mis representados. Como defensa consideramos que la redacción de ese artículo es vaga, ambigua y se presta a criterios discrecionales que no se pueden aplicar en el derecho penal”, detalló el abogado penalista.
Además, en el juicio de amparo también se argumentará la violación de garantías individuales.
“Las personas imputadas en este proceso nunca fueron llamadas durante la averiguación previa, lo cual constituye una grave violación a sus derechos humanos y a sus garantías individuales”, precisó Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el gobierno de Marcelo Ebrard (2006-2012).
El jurista explicó que aún no tiene la fecha de presentación del amparo por tratarse de un “amparo muy técnico, sumamente complejo, que requiere muchas horas de estudio”.
En caso de obtener la protección de la justicia federal, la consecuencia sería la anulación del juicio.
El miércoles 22 de mayo, Rubén Darío Noguera Gregoire, juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales en el Reclusorio Sur, dictó auto de formal prisión a estos exempleados de la empresa paraestatal III Servicios, con lo que formalmente da inicio el juicio penal contra estas personas y corresponde a la defensa presentar las pruebas para demostrar la inocencia de los acusados.
El delito de uso indebido de atribuciones y facultades, regulado por el artículo 217 del Código Penal Federal, se sanciona con una pena de seis meses a 12 años de prisión, de 100 a 300 días de multa, y destitución e inhabilitación de seis meses a 12 años para desempeñar cargos públicos.
En virtud de que el delito no es considerado grave, que admite la libertad provisional, y de que los acusados cuentan la protección de una suspensión definitiva otorgada en un amparo contra la orden de aprehensión girada contra los exfuncionarios previo a que éstos rindieran su declaración, los ocho imputados no serán privados de su libertad.
Sólo se consideran delitos graves “por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad” los previstos por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El abogado defensor detalló que “la acusación está basada en la autorización que mis representados como integrantes del Comité de Obras realizaron con apego a la ley, y que por los hechos posteriores a esa aprobación como la contratación y la realización de pagos adicionales en los que ellos no intervinieron”.
Los inculpados aprobaron que la contratación de la obra se hiciera a través de invitación a cuando menos tres personas, en lugar de licitación, bajo el argumento de que ésta no permitiría tener lista la obra para septiembre de 2010.
Isaac Victoria, socio fundador del despacho de abogados Innovative Firm Abogados y experto en el marco jurídico de la responsabilidad de los servidores pública, explica a Obras que con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sólo por excepción se puede recurrir a la invitación restringida, y previo cumplimiento de requisitos como no exceder el límite que fija el Presupuesto de Egresos de la Federación o esté en riesgo el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente.
Además, en la opinión de Regino, “las autoridades quieren hacer parecer ante la opinión pública a estos ocho involucrados como los grandes responsables de un desfalco. Nadie tiene duda de que hubo corrupción, nadie duda de que hubo delitos pero lo que no es válido es que se pretenda montar una cortina de humo rompiéndose el hilo por lo más delgado, pretendiendo detener a los empleados de nivel medio que sólo cumplieron con su deber”.
Al respecto, Victoria comenta que la sanción penal de la falta que cometen los funcionarios es la que mayor impacto tiene en la opinión pública.
