La Ley Antilavado 'le mueve' el piso a los constructores
Hoy entra en vigor de la Ley Antilavado, la cual indica que la industria de la construcción deberá cumplir con una nueva carga fiscal que afectará sus costos de administración, de operación y posiblemente sus ventas, aseguran diferentes empresarios y especialistas en la materia.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 17 de octubre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cataloga como actividad vulnerable al sector construcción, de desarrollo inmobiliario o de intermediación en la transmisión de propiedad.
Como consecuencia, impuso nuevas obligaciones a las empresas, entre las que destaca la restricción para realizar operaciones de compra-venta en efectivo, identificar a los clientes y reportar mediante avisos electrónicos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando las transacciones excedan 519,699 pesos.
Las dos caras de la moneda
"Estoy de acuerdo con la Ley Antilavado, porque a nivel país te genera más confianza para atraer inversión extranjera y como empresa te obliga a tener un mejor control administrativo", afirma Daniel Miranda Mayans, director comercial de desarrollos de Grupo Mirsa Construcciones.
Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, opina que la ley podría dar mucha solidez y mejorar la reputación que tiene la industria, ya que en todos los instrumentos internacionales de medición de riesgos de la corrupción "el sector construcción y la obra pública ocupan los primeros lugares".
La ley va a contribuir a ordenar buena parte de la contabilidad, la administración y el manejo financiero de la industria de la construcción. "En el corto plazo va a ser muy complicado para este sector, porque está acostumbrado a los flujos de efectivo y a los pagos sin comprobación", señala.
"Al final, la idea de la SHCP es recaudar más impuestos, ya sea porque cumples o incumples la ley", comenta Guillermo Aguayo Garza, abogado del despacho Santamarina y Steta.
Por otro lado, Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), considera que "la ley no ayudará a combatir la competencia informal", porque los informales no están dados de alta en la SHCP y por lo tanto no realizarán los avisos que contempla la ley.
El diablo esta en los detalles
Guillermo Salgado Castañeda, presidente de la AMPI, asegura que una vez que se publique el reglamento de la Ley Antilavado, en agosto, se podrá determinar el costo administrativo para las empresas del ramo, además de que se podrán despejar todas las dudas respecto a la aplicación de la ley.
"Al igual que a los sujetos obligados, me preocupa el contendido del reglamento, pues a veces el diablo esta en los detalles. Si no deja lugar a dudas e interpreta extensivamente los alcances de la ley puede dar seguridad y certidumbre para quienes operan en estos sectores", comenta Oscar de los Reyes, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Santa Fé.
El académico agrega que "también preocupa la capacidad del órgano que lleve el control de todos los reportes y la información que reciba, así como el nivel de coordinación entre la PGR y la SHCP", porque si no es eficaz podría haber una puerta para la elusión de las responsabilidades para prevenir el lavado de dinero.
"Va a ser difícil que la autoridad tenga capacidad para atender todo. La ley es muy ambiciosa, porque también busca joyeros, loteros de carros, entre otros" y de ahí que podría darse el caso de que la autoridad difunda públicamente un caso detectado para infundir temor, comenta Aguayo.
Zárate Rocha concluye que "es importante conocer el contenido del reglamento para evaluarlo, valorarlo y saber si es suficiente y cumple con el objetivo de la ley".
