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5 proyectos de infraestructura peleados con los ejidatarios

Algunos grupos de ejidatarios han logrado detener obras como la ampliación de la autopista la Pera-Cuautla y el Acueducto Independencia.
carretera
carretera - (Foto: Getty Images )

Diferentes obras estratégicas de infraestructura carretera e hidráulica han sido detenidas debido a que los habitantes del lugar consideran que son una amenaza para los recursos naturales, los cuales a su juicio podrían desaparecer tras su construcción. 

Acueducto Independencia, Sonora
La obra hidráulica 'El Novillo', ubicada a 150 kilómetros de Hermosillo, en el municipio de Soyopa, ha mantenido una constante disputa por parte de la Tribu Yaqui, debido a que su trazo corre dentro de la propiedad privada y ejidal, así como del derecho que tiene en relación con 50% del agua de la presa 'La Angostura', ubicada en la cuenca del Río Yaqui.

La tribu logró un amparó por parte del Juzgado Décimo de Distrito de Sonora y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspendió el proyecto, pues el Fondo de Operación de obras Sonora Si necesita presentar información complementaria a la manifestación de impacto ambiental, de modo "que permita realizar una evaluación objetiva del estudio presentado", cita el docuemento de Recurso de Reclamación 68/2012-Ca, derivado del Incidente de suspensión de la Controversia Constitucional 109/2012.  

Actualmente los representantes y la Secretaría de Gobernación (Segob) negocian la repartición del agua, como ha expuesto el diario Excélsior. 

Autopista La Pera-Cuautla
El Movimiento Frente Unidos por la Defensa de Tepoztlán e integrantes del Partido Revolucionario Demócrata (PRD) argumentan que la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla amenaza el Parque Nacional del Tepozteco y la zona arqueológica de Tlaxomolco, así como la flora y fauna de la comunidad.

"El gobierno (estatal) de Graco Ramírez Garrido Abreu está violando totalmente todas las leyes y decretos", debido a que la ampliación de la autopista, que se encuentra a cargo de la empresa Tradeco, no cuenta con los permisos correspondientes para su construcción señaló, Oswelia Quiroz González, integrante del movimiento (boletín 3775 de la Cámara de Diputados).

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Por su parte, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD), en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pidió que el gobierno de Morelos instale una mesa de diálogo y negociación para solucionar el conflicto que se registra en el municipio de Tepoztlán.

Autopista Durango-Mazatlán
Los ejidatarios de Durango exigen un pago justo por las tierras utilizadas para la construcción de la supervía, cuya inauguración está contemplada para el próximo 17 de octubre. Los comisariados ejidales han presentado sus quejas desde noviembre de 2011.

De acuerdo con el diario El Norte, el pasado 21 de agosto los ejidatarios del municipio Pueblo Nuevo se manifestaron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de  Durango para exigir una respuesta a la demanda de la indemnización de la propiedades ocupadas y los daños colaterales por dicha construcción.

Arco Poniente
Los ejidatarios de 19 comunidades ubicadas en el Valle de Atlixco y en San Martín Texmelucan, Puebla, no están dispuestos a vender sus tierras para la construcción del Libramiento Poniente, que tiene como objetivo unir el Arco Norte de la ciudad de México, a la altura de San Martín Texmelucan, con la autopista Siglo XXI, en Atlixco, por medio de un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

De acuerdo, con el diario La Jornada del Oriente, el proyecto pone en riesgo a más de 7,000 hectáreas de tierras cultivables, fuente de empleo de más de 12,000 jornaleros.

Hidroeléctrica la Parota
A pesar de que el proyecto hidroeléctrico lleva detenido 10 años, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca recuperarlo para aprovechar el caudal del río Papagayo, con una inversión de más de 1,000 millones de dólares (mdd), dio a conocer El Universal en junio de 2013.

La obra tendrá una capacidad de generación de 900 hasta 1,200 Megawatts; sin embargo, la central afectaría a cerca de 14,213 hectáreas y al menos a 20 núcleos agrarios que abarcan 24 poblados y caseríos que contienen aproximadamente 3,500 personas, incluidas viviendas, animales y propiedades.

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