Ley Antilavado... ¿y ahora qué sigue?

A menos de dos meses de haber entrado en vigor el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como Ley Antilavado, la industria inmobiliaria y de la construcción se truena los dedos para cumplir con las nuevas disposiciones fiscales.

De acuerdo con el artículo 17, fracción V de esta ley, para prevenir y detectar operaciones con dinero de procedencia ilícita se considera a los sectores mencionados como ‘actividades vulnerables’, limitándolos en el uso de efectivo hasta por 519,699 pesos cuando acumulen una o varias operaciones durante un semestre, además de que deberán cumplir con otros requisitos como identificar a sus clientes y verificar que sus proveedores cumplan como sujetos obligados para no infringir la ley al momento de enviar sus avisos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, algunas empresas, en especial las pymes, podrían no estar preparadas para los cambios que implica la nueva ley, ni para el impacto que tendrá en sus costos  administrativos y de operación.

Hasta ahora la autoridad ha sido consecuente con los tiempos. Sin embargo, las reglas se endurecerán a partir del 1 de noviembre, cuando se emitan los formatos para que las empresas envíen sus reportes, y así se facilite el monitoreo de sus actividades y la realización de las auditorías por parte del SAT.

No es descabellado pensar que la ley pueda convertirse en una cacería de brujas pues, aunque su objetivo es formalizar a más personas físicas y morales, se desconoce qué tipo de acciones tomarán tanto el SAT como la Unidad de Inteligencia y la Procuraduría General de la República (PGR) para verificar a todos los sujetos obligados a lo largo y ancho del país.

No defiendo a las constructoras e inmobiliarias que, al igual que otros sectores, se han caracterizado por evadir o pagar el mínimo de impuestos y ofrecer empleos informales, pero ¿qué pasará en aquellas zonas del país donde no existen los bancos? ¿Cómo regularán las operaciones que se realizan en efectivo? ¿Habrá oportunidad para los informales?

De acuerdo con la consultora PWC en México casi 50% de los municipios no tienen bancos; el último Reporte de Inclusión Bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revela que existen 5.3 sucursales bancarias por cada 1,000 kilómetros y 15.6 cajeros automáticos en la misma distancia.

Los legisladores reconocen que existen inconsistencias que no se previeron, como la escasa bancarización del país, para que la ley antilavado cumpla su cometido, por lo que será necesario hacer adecuaciones en la práctica y al paso del tiempo.

 Mientras eso sucede, parece que el SAT se conformará con los impuestos adicionales que generarán los contribuyentes cautivos. ¿Cuánto dinero pretende captar el fisco, si se considera que sólo la obra pública ocupa los primeros lugares de riesgo de corrupción en los índices internacionales de medición?

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^{*Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.}