Grandes expectativas, ¿enormes excusas?
El Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018 (PNI) despierta grandes expectativas: ¡al fin! abrirá el grifo del dinero que correrá por las venas del país y sacudirá del letargo a la industria de la construcción.
La esperanza es alta si se consideran las acciones del presidente Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México, en donde impulsó el desarrollo de la infraestructura para tratar de potencializar la economía estatal.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asegura que dará certeza jurídica y apoyo a los inversionistas a través de las Asociaciones Público Privadas (APP) y los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) para la construcción de carreteras y su mantenimiento, entre otros proyectos.
El mercado está listo para la inversión sexenal que Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, cifró en 350,000 millones de pesos (mdp), como resultado de la inversión del gobierno y de la nueva Ley de APP; es decir, 100,000 mdp menos respecto del cálculo original de la autoridad, equivalente a 6% del PIB, el doble del sexenio anterior.
Sin embargo, el magnate Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, parece no estar muy convencido al asegurar que para crecer el PIB en 5%, se requiere invertir entre 250,000 y 300,000 millones de dólares anuales en infraestructura, y que la inversión público privada local debe ser tan relevante como la extranjera.
Tampoco esta de más cuestionar si los planes de infraestructura del gobierno federal cambiarán con los resultados que arrojen las elecciones que se llevarán a cabo en 14 estados del país.
Nadie olvida que por caprichos y diferencias políticas se han frenado obras importantes como la continuación del Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, la conclusión de la carretera México-Tuxpan y la construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, porque los tres niveles de gobierno no son afines, porque no existe coordinación entre ellos, o porque están de por medio intereses empresariales.
El Plan Nacional de Desarrollo es un mandato constitucional que forma parte de la planeación democrática sexenal y la voluntad política, aunque no es susceptible de sanción por incumplimiento. Lo mismo aplica al PNI, porque deriva del PND.
Según la autoridad, el PNI se trabajó con cuidado y detalle en proyectos estratégicos y obras de continuidad, porque no se pueden reinventar obras de infraestructura cada sexenio.
Esperemos que así sea y que la Auditoría Superior de la Federación no nos sorprenda al final del sexenio con resultados nefastos. Por ejemplo, el análisis del Programa de Financiamiento a Proyectos de Infraestructura, presentado en
febrero pasado, donde se revela que debido a que las dependencias y las entidades no presentaron los estudios de la totalidad de los proyectos previstos en el PNI 2007-2012 para su revisión y autorización, sólo se ejercieron recursos para 25 de los 63 proyectos apoyados con el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura en el periodo 2008-2011m, es decir, 15.6% de un total de 405
proyectos que integraban dicho plan.
¡Basta de excusas y de caprichos políticos!
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*Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.
