Estados y municipios, atados de manos

Los gobiernos de los estados y los municipios deben estar tronándose los dedos, pues la Ley sobre disciplina financiera que los regulará en breve, promete amarrarles las manos y acabar con el vicio de utilizar las participaciones federales para endeudarse a diestra y siniestra y destinar los recursos a gasto corriente, sin invertir en proyectos productivos que les generen ingresos propios como la construcción de infraestructura. La nueva normativa modifica diversas disposiciones de la Constitución para establecer principios y lineamientos que promuevan un uso ordenado y sostenible del financiamiento de los estados y los municipios.

Y no es para menos. Según la Cámara de Diputados, la deuda pública actual de los estados y municipios ronda los 443,000 millones de pesos (mdp) y la deuda de casi cien ayuntamientos rebasa todo su presupuesto anual. La consultora Recsa revela que dicha deuda asciende a 436,242 mdp, de los que sólo 10 entidades federativas (Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Michoacán y Sonora) concentran 73.39%.

Entre 2006 y 2011, ninguna entidad incrementó su gasto en obra pública; en 2011 gastaron en promedio 14.78 pesos en obra pública por cada 100 pesos de deuda. Cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que a marzo de 2013, 81.5% de la de deuda de estados y municipios está garantizada por participaciones federales. Sin embargo, la obra pública brilla por su ausencia a pesar de que más de 60% de la recaudación federal participable se transfiere a los estados, en su mayoría para invertir en obras de infraestructura.

Bajo este panorama, la Ley de fiscalización a estados y municipios se torna centralizadora al impedir que los congresos locales tomen la decisión de endeudarse sin darle cuentas a nadie, pues la Cámara de Diputados deberá conocer y podrá emitir opinión acerca de la estrategia de ajuste de finanzas públicas de entidades federativas con niveles elevados de deuda.

Lo más relevante es que la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar a estados, municipios y al Distrito Federal, al auditar el destino y el ejercicio de los recursos federales; en ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente; los estados y municipios tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus préstamos y obligaciones de pago en un Registro Público Único.

La ley promueve que las entidades federativas administren sus recursos de manera responsable, es decir, que si obtienen deudas paguen con sus propios recursos sin mendingar recursos adicionales del Presupuesto de Egresos de la Federación para pagar deudas añejas, y en caso de abusos se sancione a los responsables.

La reforma es aplaudible, pues solo así, los estados y los municipios saldrán de su estado de confort y se verán obligados a sanear sus finanzas mediante el perfeccionamiento de su sistema de recaudación de impuestos, y a mejorar la calidad de su gasto para invertir en obra pública. Ahora habrá que esperar su aprobación y, lo más importante, su aplicación.

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*^{Desde 1997 cubre los sectores de infraestructura y transporte en diferentes medios de comunicación.}