Veracruz inicia 'cacería' de constructoras incumplidas
Enrique Díaz Rodríguez, presidente de la delegación Veracruz de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) confió en que el gobierno del estado sancione a los funcionarios públicos involucrados con las empresas que no concluyeron las obras previstas en el presente año.
En entrevista, afirmó que "afortunadamente ninguna de las constructoras que tiene la CMIC está involucrada en algún caso, ya que nosotros contratamos bien las cosas y nos pagan bien, por lo que no hemos tenido ningún problema".
"Hablé con el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo Buganza Salmerón, para que se den a conocer los nombres de las empresas constructoras que fueron demandadas por el incumplimiento de las obras y por actos de corrupción", dijo.
Señaló que "estas empresas ya deben estar boletinadas, porque al presentarse esta demanda ya no se les debe asignar obra en los siguientes años y en las diversas administraciones municipales y estatales por incumplimiento de las mismas".
Abundó que el gobierno del estado debe realmente sancionar a las empresas constructoras como a los funcionarios públicos, "ya que no puede ser sólo un acto mediático, y muchos constructores cayeron en estos actos, por diversas circunstancias y la sociedad requiere ver acciones de castigo a estas personas".
Y es que cabe recordar que Buganza Salmerón informó que ya se presentaron las denuncias penales correspondientes en contra de 58 empresas constructoras.
"En dos meses (desde su llegada al cargo) se ha cancelado contratos a 58 empresas. Lo que sucede es un proceso legal, hay otras que están en notificación, y hasta no puedo decir que tienen un proceso de conciliación que marca la ley, una vez que se da, procede la cancelación", explicó.
Aseveró que no se trata de hacer su voluntad, sino seguir un proceso jurídico para recuperar las fianzas, que hasta el fin de semana sumaban alrededor de 28 millones de pesos
Finalmente, subrayó que estas denuncias ya fueron puestas a consideración de la Procuraduría General de Justicia del Estado para realizar las acciones correspondientes.
