Industriales de la construcción se actualizarán en materia ambiental
Profepa fortalecerá sus vínculos con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a fin de que los afiliados a ese organismo conozcan el marco normativo vigente en materia ambiental.
En una reunión de trabajo con la Comisión Ejecutiva de la CMIC, el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, dijo que el mayor daño causado por la deforestación es causado por el aumento de las áreas urbanas e industriales.
Del daño forestal que sufre el país, 82%, es consecuencia del desmonte irregular y sin autorización, ya sea para el desarrollo de proyectos urbanos o de actividades agropecuarias.
En tanto, sólo 8% se debe a tala ilegal y 4% debido a incendios, entre otros fenómenos, añadió Haro Bélchez, según un comunicado de la Profepa.
En el encuentro encabezado por Luis Zárate Rocha, presidente nacional de la CMIC, Guillermo Haro advirtió que se debe evitar desarrollar cualquier proyecto en Áreas Naturales Protegidas, así como en zonas de humedales y manglar, toda vez que ello está prohibido por la Ley.
La Profepa, añadió, está a favor del desarrollo económico y sustentable, pero en estricto apego a la ley, por lo que agradeció el interés del organismo cúpula para acercarse a esta dependencia para establecer una relación de más alto nivel.
La Profepa aplica seis leyes ambientales de jurisdicción federal (sin incluir la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados), y 10 reglamentos, diversidad normativa que complica la aplicación de la legislación ambiental y su cumplimiento, añadió.
Por ese motivo, dicha dependencia trabaja en la integración de un Código General Ambiental, que contendrá la parte sustantiva y en un Código Procesal Ambiental.
Sobre el particular, el funcionario adelantó que en la actualidad se cuenta con un primer borrador del Código Procesal Ambiental y con un avance importante en la primera versión del Código General Ambiental.
Adicionalmente está en proceso de elaboración un proyecto de Ley Nacional de Responsabilidad Penal Ambiental, lo que permitirá por primera vez, contar con una legislación federal específica en materia de delitos ambientales.
