Profepa multa a proyecto Dragon Mart con más de 7 mdp
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) multó con 7,233,675 pesos al proyecto “Dragon Mart” por incumplir la normatividad vigente, al carecer de autorizaciones en materia de impacto ambiental.
Precisó en un comunicado que dicha resolución se emitió luego de concluir el análisis de las pruebas presentadas por los responsables del proyecto que se construye en el predio “El Tucán”, en Benito Juárez, Quintana Roo.
El proyecto carecía de las autorizaciones para realizar las obras, así como dos caminos en zonas de humedales, por lo que fue sancionado por ello y por afectar ecosistemas costeros, derivado de la construcción del desarrollo.
De manera adicional, se impusieron medidas correctivas, como la obligación de obtener autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat) en materia de impacto ambiental.
En caso de no obtener dicha autorización, se aplicarán medidas de restauración y compensación por daños ambientales provocados, agregó la dependencia.
Dichas medidas incluyen presentar planos georreferenciados de la obra, estudios de flora, fauna e hidrológica del predio, así como una compensación ambiental por medio de una reforestación superior a la superficie impactada.
La Profepa informó que sobre la compensación ambiental trabajará en coordinación con la Comisión nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para determinar un proyecto de reforestación en una o varias áreas naturales protegidas de Quintana Roo.
Mencionó que el juicio de amparo en el que le fue concedida a la empresa la suspensión definitiva contra una posible clausura o suspensión, ha sido sobreseído por la juez de Distrito.
Sin embargo, la sentencia correspondiente no ha quedado firme, en virtud de que fue impugnada ante los Tribunales Colegiados, agregó.
Por lo pronto, en los próximos días se dictará en tiempo y forma la resolución del procedimiento instaurado en materia forestal, con lo que la Profepa reitera su compromiso para garantizar que los proyectos inmobiliarios cumplan con la legislación federal en materia ambiental.
