Cámara de Diputados aprueba reformas a la Ley de Obras Públicas

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para dar mayor calidad técnica a la selección, ejecución y evaluación de proyectos.

Las modificaciones avaladas en lo general con 377 votos en favor, 26 en contra y siete abstenciones dan mayor transparencia y certeza jurídica a los procesos de licitación y contratación, además de fortalecer los procesos de planeación de obras y servicios públicos.

Nota: Clasifican en 3 rubros alcances de reforma a la Ley de Obras Públicas

En lo particular el pleno aprobó con 355 votos en favor, 35 en contra y ocho abstenciones, en términos del dictamen, los artículos uno y dos, así como las modificaciones aceptadas por la asamblea a los artículos uno Bis, 29 y 38.

Con la propuesta aprobada se permite la creación de infraestructura de mejor calidad, que coadyuvará a impulsar un mayor crecimiento económico, desarrollo sustentable e igualdad de oportunidades entre la población, incrementando el bienestar social de los habitantes del país.

Asimismo, contribuye con eficiencia, eficacia y transparencia a la contratación y ejecución de obras públicas, cuya contratación debe realizarse en su totalidad mediante el sistema CompraNet.

A través de ese medio se promueve la transición tecnológica, dando certeza jurídica y promoviendo la competencia entre los proveedores, y se disminuyen gastos administrativos tanto para el gobierno federal como para los contratistas.

El documento enviado al Senado para sus efectos constitucionales menciona que CompraNet es el sistema de compras públicas más avanzado y una de sus principales ventajas es que permite la realización de licitaciones públicas ciento por ciento electrónicas y en igualdad de condiciones para todos los participantes.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Víctor Hugo Velasco, dijo que es un esfuerzo de colaboración entre el Poder Legislativo y el gobierno de la República para avanzar en la modernización de los procesos relacionados con la obra pública y lograr mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Planteó que se requiere simplificar el marco jurídico, dotándolo de nuevos mecanismos para gestión y evaluación de los proyectos, a fin de contar con la infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos.

La industria de construcción requiere de medidas que fortalezcan la participación de empresas mexicanas y de mano de obra nacional, por lo que se establecen procedimientos de contratación para optar en igualdad de condiciones por personas físicas y empresas del país, dijo.

Asimismo, abundó, dando preferencia por emplear recursos humanos propios de la región sin menoscabo de asegurar una libre y plena competencia respetando en el marco de la ley y de los tratados internacionales suscritos por México.

En materia de protección de los derechos laborales de trabajadores y la promoción de la economía formal, añadió, se establece que los entes públicos que hayan licitado obra pública notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando detecten irregularidades por parte de los contratistas sobre sus obligaciones en seguridad social.

Tal situación, dijo el representante del PRI, permite fortalecer la formalidad dentro del sector de la construcción, lo cual redunda en mayor certeza jurídica y de seguridad social, lo que garantiza que prevalezcan los derechos laborales de sus trabajadores.

Los legisladores Fernando Alfredo Maldonado, Mauricio Sahui Rivero y Carlos Sánchez Romero, del PRI, señalaron que las reformas buscan apoyar las actividades de las empresas mexicanas al establecer que en los procedimientos de contratación los entes públicos deberán optar en igualdad de condiciones por personas y empresas mexicanas.

Genaro Carreño Muro, del PAN, explicó que los cambios se centran en tres rubros que son la gestión y evaluación de proyectos de obra pública, la contratación y ejecución de obras públicas y medidas relacionadas con la certeza jurídica.

Además se pronunció en favor del dictamen pero pidió incluir a nivel nacional el fortalecimiento de las empresas locales y regionales.

Por Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona expresó que es fundamental contar con un marco jurídico que permita planear, diseñar y ejecutar los proyectos con eficacia, certidumbre y buenos resultados.

Añadió que las modificaciones permitirán que el proceso de las licitaciones sean públicas mediante medios en línea, cerrándole el paso a la discrecionalidad, dilaciones, incluso reduciendo los gastos de traslado y producción de impresos.

Nabor Ochoa López, representante del PVEM, precisó que estas reformas permitirán avanzar en temas fundamentales como la transparencia, mejor rendición de cuentas y combate a la corrupción con CompraNet.

Marcos Rosendo Medina Filigrana y Fernando Zárate Salgado, del PRD, coincidieron que las modificaciones tienen aspectos positivos, como el catálogo de conceptos de definiciones generales ya que se encontraban dispersos en la ley actual.

De Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja y Francisco Alfonso Durazo Montaño consideraron que las reformas en esencia son positivas, pero aclararon que deben ir acompañadas de manifestaciones genuinas de voluntad por combatir la corrupción.

La petista Rosa Elia Romero Guzmán consideró necesario incentivar la obra pública y la infraestructura, pero pidió que las reformas realmente transparenten los mecanismos de asignación de obra pública, se clarifiquen los términos de licitación, se combata la corrupción y nunca más se presenten conflictos de interés.

La reserva del perredista Antonio García Conejo, en el segundo párrafo de la fracción V del Artículo uno Bis, busca que la información reportada en el CompraNet se publique en los portales de obligación de transparencia de cada sujeto.

Ello de conformidad con el Artículo siete de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fracción XIII.

Mientras la reserva del diputado ecologista Nabor Ochoa López, al Artículo 29, tiene la finalidad de establecer que se prefiera, en igualdad de condiciones, a empresas que tengan su domicilio fiscal en la entidad federativa donde se realice la obra pública.

En tanto, la reserva al Artículo 38, impulsada por el panista Genaro Carreño Muro, elimina la consideración de que en caso de empate entre los licitantes de la adjudicación se efectué en favor del que resulte ganador del sorteo que realice la convocante en el acto de fallo.

Puntualizó que ninguna acción de obra pública se puede hacer por medio de rifa o de un volado, sino que se gane con trabajo, calidad, profesionalismo y con el mejor precio.