Tras Petrobras, corrupción en Brasil apunta a otros sectores estatales
El escándalo de corrupción vinculado al desvío de dinero de la brasileña Petrobras para partidos políticos, que ya provocó la imputación de decenas de personas y hundió la imagen de la presidenta Dilma Rousseff, amenaza ahora con impactar a nuevos sectores.
El presidente de la constructora Camargo Correa, Dalto Avancini, reveló a la Justicia que su compañía –una de las mayores constructoras del país- también habría pagado a políticos y funcionarios un porcentaje del monto de la licitación para construir una importante línea de tren de mercancías enlazando el norte y el sur.
Avancini, quien se encuentra en detención domiciliar por su implicación en la Operación Lava Jato (Operación Limpieza) que investiga la corrupción de Petrobras, dijo a la policía que el pago de comisiones a cambio de obtener contratos es una práctica habitual en los concursos públicos para llevar a cabo grandes obras en el país.
El diario brasileño O Globo, que tuvo acceso a las declaraciones de Avancini, aseguró que la empresa del ejecutivo habría pagado 100 millones de reales -unos 33 millones de dólares (mdd)- a dos formaciones, el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y su socio gubernamental, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), para conseguir una parte del contrato de la construcción de la polémica presa hidroeléctrica de Belo Monte.
De confirmarse las revelaciones de Avancini –que aceptó revelar todo lo que sabe a la policía a cambio de una reducción de la pena-, supondría que el esquema de corrupción en Petrobras, que se basaba en el desvío de entre el 1 y el 3% de los contratos firmados por la petrolera con prestadores de servicio, estaría activo también en otros sectores económicos de Brasil.
Medio centenar de políticos, entre ellos los presidentes del Congreso y del Senado, así como decenas de funcionarios y ejecutivos de Petrobras están siendo investigados por la Justicia por su implicación en el desvío de cientos o incluso miles de millones de dólares de la petrolera durante la última década.
Entre ellos figura el tesorero del PT, Joao Vaccari, imputado por la Justicia por participar en el esquema de desvío de dinero.
La Operación Lava Jato es considerada hasta la fecha el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, según el fiscal general del país, y su revelación provocó el hundimiento de la popularidad de Rousseff a índices históricos.
Un sondeo publicado la víspera señaló que sólo el 12% de los brasileños aprueba la gestión gubernamental de la presidenta, mientras el 87% de los brasileños considera "regular" o "mala" la gestión de Rousseff.
