'Demuelen' evidencia en QRoo: víctimas de desalojos irregulares

Ejidatarios y propietarios afectados por el despojo de predios en la línea costera de Tulum, Quintana Roo, denunciaron que el fin de semana comenzó el derribo de construcciones en dos terrenos que fueron desalojados en junio a través de juicios irregulares.

Se trata de una casa habitación y un pequeño hotel que, desde hace dos meses que fueron arrebatados a sus propietarios, se mantienen tapiados, cerrados con cadenas y vigilados día y noche por personal de seguridad privada.

Esta situación prendió nuevamente las alarmas entre dueños de hoteles y propietarios quienes señalan que con esto se busca borrar evidencia de la posesión de los predios que se tenía y poner trabas para la recuperación de sus hoteles y tierras.

El despojo realizado el 17 de junio en Tulum es el más grande y reciente registrado en este destino turístico, y que fue ejecutado por orden del juez oral de instrucción de primera instancia Gustavo Efraín Chan Camaal, luego de resolver dos juicios civiles promovidos por los supuestos dueños contra los dos arrendatarios de los predios que dejaron de pagarles renta.

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El vocal ejecutivo de la Asociación de Colonos de Tulum, Eddie Villarreal, explicó que debido a que la sentencia del juicio civil por el que se desalojaron el pasado junio 16 hoteles y tres predios en Tulum señala que se trata de predios baldíos y no de hoteles, se tiene la intención de demolerlos.

“El contrato de los supuestos arrendatarios que nadie conoce en Tulum se basa en un fraude, pues supuestamente les rentan a dos personas predios desocupados y baldíos con base en escrituras no válidas y viciadas de origen. El objeto de derrumbar las construcciones es con el objeto de que cuando vengan los actuarios de los juicios de amparo, ellos va a alegar que no hay hoteles y son sólo predios que se arrendaron a las dos supuestas personas porque si existieran los edificios se podría alegar que esos edificios no pertenecían a esa personas”, indicó Villarreal, que es uno de los afectados con los desalojos.

En julio, Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revelaron la existencia una maquinaria institucional que ha arrebatado propiedades y dinero líquido a empresas, particulares y ejidatarios en la entidad a través de juicios laborales y civiles a modo.

El común denominador es que ninguno de los afectados se entera de que hay juicios en su contra o que afectan su patrimonio hasta que un actuario llega a cumplimentar embargos, desalojos o se dan cuenta de que sus cuentas bancarias están congeladas, con lo que se ha cancelado por completo su derecho de audiencia para que puedan defenderse.

Una de la afectadas —quien prefirió mantener su identidad en el anonimato— confirmó la demolición de la casa que había habitado por más de 16 años, y que en junio fue víctima de los desalojos.

“Las demoliciones no se deberían permitir, estamos en un proceso, nosotros nos estamos amparando, y esto no es correcto, buscan alterar las propiedades”, señaló la afectada, quien asegura que desde el día de los despojos en la zona existe una gran incertidumbre y miedo de que se siga haciendo esto.

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“En la zona se siente temor, ahora ya no se puede caminar seguro por la calle, pues hay grupos de choque cuidando los hoteles desalojados, se siente el ambiente muy pesado. Además, en todos los hoteles hay temor de que sigan los desalojos, que afecte al turismo en la zona. Incluso he sabido que hay empleados que ya se niegan hacer el turno de la noche, por miedo a que les toque un desalojo”, manifestó.

De 2011 a la fecha, 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas de la franja costera fueron arrebatados en el ejido José María Pino Suárez a través de juicios civiles y de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje local.

Para denunciar la falta de Estado de Derecho que existe en la zona y exigir a las autoridades que tome cartas en el asunto con la intención de que se les restituyan sus predios, este martes un grupo de afectados tiene previsto reunirse con senadores del PRD y ofrecer una conferencia al respecto en la sede de la Cámara Alta.

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