Organización denuncia desvío de 61 mdp en obras en Playa del Carmen

Durante la administración de Mauricio Góngora como alcalde de Solidaridad (Playa del Carmen), ocho obras públicas fueron presupuestadas, pero no se realizaron, y tres más están inconclusas, lo que implicó el desvío de más de 61 millones de pesos, denunció Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo.

Una investigación de dicha organización local muestra documentos en los que consta la finalización oficial de los trabajos desde el año pasado, así como fotografías recientes que contrastan con las supuestas entregas de las obras, estipuladas dentro del Plan Operativo Anual (POA) 2015 y de las cuales algunas se debieron ejecutar con recursos federales provenientes de los programas Hábitat y Fortamun.

La asociación civil señala como obras "fantasma" la construcción de una recicladora, una calle integral, una ciclovía, un deportivo, así como ampliaciones y equipamientos a centros comunitarios. Los trabajos incompletos corresponden a la construcción de una calle integral, otro centro comunitario y la rehabilitación de un callejón.

A la recicladora del relleno sanitario de Playa del Carmen, se asignaron 9 millones 651,223 pesos, en tanto que a la calle integral ubicada en la Colonia Ejido, correspondieron 17 millones 548,434 pesos, cuyas actas de entrega–recepción no cuentan con las firmas de los representantes federales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Contraloría Municipal y de la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del estado, como se estipula por ley.

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Esta última fue recibida por la administración de Góngora —quien en las pasadas elecciones fue candidato del PRI a gobernador—, a través del director general de Obras Públicas Municipales, Eddi Francisco Flores Serrano, y asignada para su ejecución a través de licitación pública a la empresa Ingeniería en Mantenimiento y Servicios de Campeche, por un monto de 14 millones 418,014 pesos, es decir, 3 millones de pesos menos a lo reportado en el acta aprobada por el Cabildo el 30 de marzo de 2015.

En cuanto a la Ciclovía Zona VIP, el reporte menciona que se construiría sobre la avenida 135 norte, colonia Ejido, y fue entregada a través de licitación pública a la empresa Bogasur por un monto de 6 millones 020,068 pesos; sin embargo, en el acta de entrega-recepción, el monto de la inversión se incrementa a 7 millones 310,000 pesos.

^{_{La Ciclovía Zona VIP debía ubicarse sobre la Avenida 135 norte en la colonia Ejido. FOTO: Cortesía}}

“Al igual que en el caso anterior, únicamente firman el acta de entrega-recepción el director general de Obras Públicas, Eddi Francisco Flores Serrano, por parte de los funcionarios; y Jesús Hernández Pérez, Laura Pérez López y EufracioEk Pech como integrantes del Comité de beneficiarios o Comité ciudadano”, indica el comunicado de los denunciantes.

A la construcción del Deportivo Cataluña, se presupuestaron 4 millones, 454,000 pesos; a la ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) de la colonia Bellavista, 3 millones 420,000 pesos; a la segunda parte del CDC de la colonia NicteHá, 3 millones 420,000 pesos; al equipamiento del CDC Bellavista, 3 millones 420,000 pesos, y al equipamiento del CDC NicteHá, 550,000 pesos.

Las obras señaladas como inconclusas son la construcción de la calle integral Mundo Hábitat, con una inversión de 7 millones 356,000 pesos; la construcción del CDC NicteHá, con una inversión de 3 millones 500,000 pesos y la rehabilitación del Callejón del Arte, con una inversión de 2 millones 489,000 pesos.

^{_{Otra de las remodelaciones pendientes durante el trenio de Mauricio Góngora es la calle integral Mundo Hábitat. FOTO: Cortesía}}

Todas estos proyectos fueron reportados al Congreso de Quintana Roo en la cuenta pública 2015, que recientemente fue aprobada como parte de lo que la oposición denominó el paquete de impunidad.

El regidor Emilio Tamargo Navarro solicitó a la Tesorería Municipal, que encabeza Gabriel Castro Cárdenas, la explicación respecto a los 22.9 millones de pesos que faltaron de comprobar.

“El tener el llamado de atención de parte del Congreso dispara ya un proceso de aclaración, porque la Auditoría Superior del Estado y la de la Federación van a tener vista de un caso de mal manejo, o por lo menos de una aclaración hecha incorrectamente porque se puede dar el caso de que esa observación se haya hecho incorrectamente”, dijo el edil del PRI.

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Obrasweb.mx consultó al director municipal de Obras Públicas, Eddie Flores Serrano, y a pesar de que se hizo hincapié en las fotografías y denuncias, negó los señalamientos y argumentó que todos los proyectos y gestiones que se han realizado desde la dependencia a su cargo están verificados por las auditorías a nivel estatal y federal.

“En este municipio no existen obras fantasmas, todas la obras ejecutadas o en proceso de ejecución se realizaron apegadas a los procesos de licitación de acuerdo a la Ley de Obras Públicas. La instancia que verifica los procesos y la comprobación de las obras y los recursos es la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación”, sostuvo en breves declaraciones.

Fabiola Cortés Miranda, fundadora de Somos Tus Ojos, Transparencia por Quintana Roo señaló que se reunirán más elementos de prueba para proceder legalmente, tanto por la vía administrativa para solicitar la inhabilitación de los funcionarios involucrados, como por la vía penal, con el objetivo de recuperar los recursos públicos desviados.

"Se trata de casi 60 millones de pesos en obras que no se hicieron o están inconclusas, y lo más grave es que el Cabildo aprobó los programas operativos anuales como si se hubieran realizado, sin verificar absolutamente nada”, expresó la periodista y abogada.

La diputada local electa del PRD, Laura Beristain Navarrete, aseguró que solicitará se finquen responsabilidades por el desvío de recursos.

“Aquellos funcionarios que no hicieron un correcto uso de los recursos que fueron etiquetados para obra pública y los que inflaron presupuestos van a pisar la cárcel y responderán a la autoridad judicial por esos hechos. Ésos que eligieron el beneficio propio y no el social, sepan que la corrupción se castiga y serán perseguidos penalmente”, sentenció.

Obras ‘varadas’ en playa

En su periodo (2011-2013), el entonces presidente municipal, Filiberto Martínez Méndez, pidió —y se lo autorizaron el Cabildo y el Congreso—, un crédito bancario por 386 millones 326,371 a pagar en 15 años, el más alto solicitado por el Ayuntamiento de Solidaridad, para construir una decena de obras de infraestructura que se empezaron y no se concluyeron o, en el peor de los casos, ni se iniciaron durante el tiempo que fungió como alcalde.

Entre las obras que debieron de realizarse con este crédito estaba la ampliación del edificio de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el Centro Deportivo y de Protección (Cedepro) y la remodelación de dos unidades deportivas, la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la primera etapa del nuevo Palacio Municipal y el Teatro de la Ciudad, así como la adquisición de arcos detectores de metales para vehículos. La mayoría fueron abandonadas, y la adquisición nunca se realizó.

Esas obras debieron concluirse en la gestión del priista Mauricio Góngora, pues aunque nunca le fincó responsabilidades por reportar la entrega de esos trabajos sin concluirlos, el excandidato a gobernador prefirió en algunos casos concluirlas y en otros darles 'carpetazo'.

A esto se suma a un presunto desvío de recursos federales para el arrendamiento de 41 patrullas, por el cual el exalcalde Góngora aceptó pagar casi 48 millones de pesos, es decir a un costo mensual de poco más de 1 millón 268,985 pesos, que no incluían los seguros y algunas primas. En la adquisición se usaron recursos federales depositados en un fideicomiso creado para garantizar el pago de la deuda pública de Solidaridad.

Sin embargo, el gobierno de Quintana Roo informó el 18 de diciembre de 2013 que Borge entregó a Solidaridad 41 patrullas y 20 motopatrullas en las que supuestamente se invirtieron 30 millones de pesos, mismas que el próximo 30 de agosto el Ayuntamiento deberá devolver como se indica en el contrato.