Los piratas de Borge: emergen nuevos casos de despojo inmobiliario
El despojo de un predio ejidal ocurrido en 2013 contra el empresario mexicano Alejandro Ramírez, es uno de los nuevos casos que han salido a luz luego de que Expansión publicara en julio el reportaje "Los piratas de Borge: el saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo".
El reportaje de Expansión -que al igual que Obrasweb.mx pertenece a Grupo Expansión- expuso la utilización de la estructura del gobierno de Roberto Borge para despojar de inmuebles y dinero a ejidatarios, particulares y empresarios a través de juicios laborales amañados y falsificados de documentos.
Tras darse a conocer ese primer trabajo periodístico, una decena de personas levantaron la voz para denunciar que fueron víctimas de la misma maquinaria, lo que ha dado origen a una segunda parte que hoy publica la plataforma en su versión digital.
El del empresasrio Alejandro Ramírez es uno de esos casos.
El 19 de julio de 2013, un grupo armado que nunca mostró una orden judicial de desalojo, le quitó la posesión de una parcela en el Ejido José María Pino Suárez.
"Llegaron unas personas con armas largas y pasamontañas diciendo ser servidores públicos sin identificarse, y que tenían orden de desalojar mi predio, porque al parecer le pertenecía a una persona diversa", se lee en una demanda que interpuso Ramírez Magaña en el Distrito 44 del Tribunal Unitario Agrario de Chetumal el 16 de marzo de 2016.
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Otro nuevo testimonio es el de Julieta Sánchez Jarero. Con un expediente de por medio, acusa ser víctima de un fraude que la dejó sin casa en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Con sus ahorros, decidió comprar una vivienda y luego la rentó. Pero el inquilino no pagó la renta y ella interpuso una demanda de desahucio. Pasaron años para que procediera el recurso y cuando al fin lo logró, se enteró de que la casa ya no estaba a su nombre sino al de una empresa privada.
El recurso para quitarle la vivienda fue un juicio laboral. A Julieta la demandó un hombre que se supone fue su empleado y que ganaba 45,000 pesos al mes. Ella asegura que no lo conoce.
En una investigación que ha realizado por su propia cuenta, Julieta ha documentado que la empresa que compró su casa de Playa del Carmen no tiene operaciones regulares en el estado, sino que es una compañía de papel que, ella presume, se alió con su exinquilino y con la Junta de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen para cometer un fraude en su contra.
"Me parece impresionante que uno tenga una propiedad, que es parte de tu patrimonio, y de la nada te das cuenta que está escriturado a nombre de otra persona… no es posible tanta impunidad, tanta corrupción", dice Julieta.
En la segunda entrega de Expansión también se expone el despojo a la empresa trasnacional Nestlé en mayo de 2016.
Conoce la nueva investigación donde los afectados cuentan sus casos en video.
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