ALDF y organizaciones se sientan a dialogar sobre la Ley de Vivienda
Ante las posiciones encontradas sobre las nuevas leyes de Vivienda y de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, organizaciones sociales y asambleístas acordaron el jueves instalar mesas de trabajo a partir del próximo lunes para trazar una agenda conjunta a fin de lograr consensos.
Así lo informó Leonel Luna Estrada, diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien rechazó que dicha ley esté congelada.
En dichas mesas de trabajo se escucharán todas las voces, tanto de demandantes de vivienda, como de las empresas dedicadas a la construcción, destacó, de acuerdo con información de la agencia Notimex.
"Hubo un consenso por parte de las organizaciones en términos de que hace falta un marco normativo plasmado en una ley que promueva el desarrollo urbano equilibrado y sustentable, así como la vivienda popular", dijo.
El jueves debía haberse reanudado en el pleno de la Asamblea el debate sobre la derogación de la Norma 26 y la aprobación de la Ley de Vivienda, luego de que una semana antes fuera pospuesto para lograr el mayor consenso entre las distintas bancadas.
Las modificaciones tienen el respaldo de PRI, PRD y PAN, pero no de Morena ni el de organizaciones sociales que están en contra de los cambios propuestos y que se han manifestado a las afueras de la ALDF en los últimos días.
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Las propuestas de la discordia
Son varios los puntos que las organizaciones de colonos rechazan, argumentando que sólo favorecen a los empresarios.
Suma Urbana es uno de los grupos ciudadanos que encabeza la oposición. Y entre los principales cambios que reprueba está la creación de un Consejo de Vivienda, en el que, asegura, no habrá participación ciudadana real.
Estará integrado por autoridades que harán las recomendaciones al Jefe de Gobierno y al Secretario de Desarrollo. Pero "justifican la participación ciudadana con algunos ciudadanos 'notables'", afirma Suma Urbana en su página de Facebook.
Sobre la creación del Programa de Vivienda en Renta, la organización expone que las inmobiliarias construirán edificios subisidiados con dinero público y el propietario será el gobierno capitalino, que ofrecerá rentas subisidiadas también con dinero público.
Otro punto al cual se opone es la nueva figura de vivienda mixta, a través de la cual la vivienda social y popular entra a una colonia que no tiene este perfil. El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México decidirá dónde y quién construye, maneja los fondos, crea los programas y evalúa resultados.
"Manejo clientelar de asignaciones e imposibilidad de transparencia, cuando el mismo Instituto hace todo, hasta la evaluación de lo que hizo", critica Suma.
También reclama que no se podrá denunciar de forma anónima el mal uso de recursos o irregularidades, y "la carga de prueba está en el ciudadano denunciante quien debe comprobarlo."
