Asociaciones Público Privadas: leyes inconexas
Para el gobierno federal los contratos de Asociación Público Privada (APP) son la alternativa para financiar la construcción de infraestructura y prestación de servicios frente a los constantes recortes al presupuesto, pero su aplicación en México aún es mínima, y sus protagonistas todavía no hallan el punto de equilibrio que apuntale la construcción de obra pública.
Mientras la iniciativa privada busca más garantías para participar en diversos modelos de APP, como las propuestas no solicitadas, el gobierno federal tiene pendiente fiscalizar y transparentar estos procesos, tanto en la regulación federal como en las leyes estatales que contemplan las APP.
En tanto, la realización de las grandes obras de infraestructura que requiere el país se cuentan con los dedos de una mano.
El esquema puede impulsar la obra pública, pero en su versión mexicana aún hay cabos sueltos y una ley perfectible.
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Las APP eran una pieza clave al inicio de sexenio. El Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018 consideraba 743 proyectos con una inversión de 7.7 billones de pesos. De esa cifra, 60% provendría de la iniciativa privada y 40 del presupuesto público, según Hacienda.
"Con los niveles de inversión proyectados (7.7 billones de pesos), la inversión pública federal en 2018 habrá alcanzado el 8% del PIB y la inversión privada, a través de los esquemas APP representarán alrededor de 12% del PIB, dándonos como resultado 20% del PIB para infraestructura", calculaba el documento Retos de la infraestructura en México 2013-2018, publicado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en marzo de 2013. No ocurrió así.
"En el sector público no se dan el tiempo suficiente para preparar y desarrollar los proyectos, y los proyectos grandes toman tiempo: tres o cuatro años", apunta Anne-Laure Mascle-Allemand, consultora quien trabajó de 2008 a 2014 en el Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, de Hacienda.
Señala que ésa es una diferencia entre México y otros países. "Si eso no cambia, siempre habrá riesgo en los esquemas de APP, y malas experiencias", afirma.
El saldo y los cabos sueltos de las APP es el tema de la revista Obras en su edición de agosto de 2017.
La edición también aborda el tema de transparencia. Obras presenta una entrevista exclusiva con Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien asegura que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) "es un cambio trascendente para el país", pero aún falta camino por recorrer para asentarlo.
Para supervisar la contratación pública, el laboratorio jurídico Ethos presentó ante diputados propuestas para mejorar la transparencia y eficiencia del gasto. Ahora trabaja en un plan para fiscalizar las Asociaciones Público Privadas. Todos los detalles en la entrevista exclusiva con Yahir Acosta, director de Ethos.
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