¿Leyes de obras públicas o anticorrupción?
Nota del editor: Esta columna de Opinión se publicó originalmente en la edición 539 de la revista Obras, ''Informe proveedores: el mejor socio'', correspondiente a noviembre de 2017.
(CIUDAD DE MÉXICO) – Durante años, la discusión sobre una nueva Ley de Obra Pública federal ha estado en el espíritu legislativo y en la cadena de la industria, y este año no ha sido la excepción.
La iniciativa PAN-PRD para la discusión de un dictamen de la Ley de Contrataciones de Obras Públicas ha rondado como un fantasma inestable. A veces, en forma clara y aparentemente contundente, y, en otras, los ímpetus de los interesados para convertirla en realidad rondaron con chirridos de cadenas al piso.
Lee: Fin de sexenio, cómo protegerte del gobierno
En este ejercicio, la cadena de la industria iderada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y la Sociedad Mexicana del Derecho de la Construcción, así como los distinguidos colegios de ingenieros y arquitectos, han seguido los pasos tratando de entender su verdadera razón de ser.
Han hacho notar los puntos que les preocupan, entre ellos: la necesidad de una planeación más efectiva, la adecuada participación y no intromisión de la Cofece, la responsabilidad solidaria de constructores y supervisores por trabajos mal ejecutados por un plazo de 10 años, la disminución de derechos de ajustes de costos en los contratos, y la necesidad de medios de solución de controversias efectivos, entre muchos otros.
De forma paralela, la sociedad civil organizada planteó el tema de una ley de obras públicas enfocada en transparencia y anticorrupción, ante la gran preocupación de la sociedad frente a situaciones de falta de integridad y transparencia que se dan en este sector.
Lee: ¿Responsabilidad solidaria?, ¡ni en broma!
La confluencia de estas dos vertientes no es un tema menor. Mientras muchos piensan que entre más reglas anticorrupción se metan en la ley de obras públicas –sea cual sea su nombre– esto será lo mejor, otros consideran que el llenar la ley con excesiva normatividad puede derivar en un sector paralizado que impida el desarrollo de la construcción pública y crear obstáculos y pesadumbres a sus actores.
Si bien los protagonistas de la industria consideran que el combate a la corrupción debe ser frontal, también es cierto que no permitirán que las disposiciones normativas restrinjan derechos que son parte del sector, y que son vistos, por aquellos que no los conocen, como actos de opacidad (tal como la absurda postura de evitar el ajuste de costos en su plenitud, para 'evitar los sobrecostos', no entendiendo que los ajustes son materia del balance económico del contrato que depende de elementos macroeconómicos).
OPINIÓN: Corrupción e impunidad, el 'agujero negro' de nuestra vida
Soy un impulsor de la integridad y el combate a la corrupción, pero incluir disposiciones absurdas por aquellos ajenos a la industria, bajo el rubro de que ello la hará más transparente, no sólo es un grave error, sino que abre la puerta a más absurdos.
Si se abre la discusión en el Congreso sobre una nueva ley de obras públicas, es preciso que se discuta por todos los actores de la industria, en términos de reflejo de las mejores prácticas, y no tratando de crear normas contrarias a la lógica de la industria que engañan a una sociedad hambrienta de justicia.
_______
* Socio director de COMAD, SC.
