El doble costo (oculto) de la reconstrucción en México
Nota del editor: Este reportaje se publicó originalmente en la Edición Especial: Reconstrucción de Obras, correspondiente a diciembre de 2017.
Poner ciudades en pie después de grandes desastres naturales, como inundaciones o terremotos, no es cosa sencilla ni barata. Y que lo digan en Nueva Orleans, que no se ha recuperado del todo del paso del huracán Katrina en 2005, o incluso la Ciudad de México, algunas de cuyas elegantes colonias y avenidas nunca volvieron a ser las mismas después de 1985.
En una época en que el concepto de la resiliencia cobra nuevos significados porque se asocia con la capacidad de resistir, de adaptarse y de recuperarse de los daños y los imprevistos, es imperativo considerar los costos visibles y ocultos, y aprender a calcular la vuelta a la normalidad. Costos emocionales, primero, pero también jurídicos y económicos que alguien tiene que enfrentar. Y pagar.
A fines de noviembre de 2017, los mercados financieros supieron que el Banco de México (Banxico), había bajado su pronóstico de crecimiento a rangos de 1.8% a 2.3% desde niveles previos de 2% a 2.5 por ciento. Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no secundó esta opinión, el banco central argumentó que la actividad productiva había disminuido por las secuelas de los sismos.
Es posible que durante las primeras semanas haya habido una merma en los negocios, pero la sola perspectiva de demoler y limpiar más de 150,000 predios y poner en marcha las primeras fases de la remediación, deben significar un empuje considerable para la economía, sobre todo en regiones afectadas por una pobreza de décadas.
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En Chiapas y Oaxaca, desde las primeras semanas varias secretarías de Estado entregaron dinero y tarjetas para la compra de materiales de construcción en negocios locales. No es una derrama que pasa desapercibida. Por lo pronto, un reporte de BBVA Research publicado el 4 de octubre estimaba que los terremotos de septiembre no dañaron la capacidad productiva de la economía, puesto que el grueso de la infraestructura productiva resultó indemne.
Por actividad económica, el más dañado fue el sector servicios, lo que incluye al turismo, comercio, escuelas, restaurantes, alojamiento, bienes inmuebles y servicios de alquiler. En conjunto, los cinco estados más afectados, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, representan 32% del Producto Interno Bruto (PIB) total del sector servicios.
No todo son pérdidas. Un ángulo desde el que se puede analizar el doble costo de la resiliencia se relaciona con la recuperación del valor comercial y la potencial plusvalía de las propiedades colapsadas o demolidas, y de los terrenos que se volverán disponibles para su uso comercial o habitacional.
De hecho, casas o edificios antiguos, que tenían un valor de mercado mermado por la antigüedad y la falta de mantenimiento, podrían dar lugar a construcciones nuevas, de más altura y valor agregado, y representar para sus propietarios una nueva oportunidad.
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Es un fenómeno que ocurrió en algunas propiedades de las colonias Roma y Condesa, en la Ciudad de México, después de 1985, y que dio lugar a un bien conocido boom inmobiliario.
La ronda de los millones
Surtir con pipas 12 millones de litros de agua potable para afrontar las primeras necesidades de las poblaciones en Oaxaca y Chiapas, no es barato, considerando que los principales ramales y acueductos quedaron inservibles. Y lo mismo se podría estimar contando miles de albergues, aulas transitorias, comedores y despensas entregadas a los damnificados.
En el inicio, los costos de la reconstrucción dados a conocer por el gobierno federal fueron calculados en 48,000 millones de pesos mdp), unos 2,630 millones de dólares (mdd). Las consultoras y cámaras industriales no han respaldado estos datos debido, en parte, a las múltiples tareas consideradas y a la dispersión de los daños.
A nivel internacional existen ejemplos en los que las inversiones acumuladas hasta recuperar la normalidad se han conocido al cabo de una década o más. En el caso del derrame del petrolero Exxon Valdez, en Alaska, que ocurrió en 1989, las tareas de limpieza y recuperación del medio ambiente, así como los juicios y reclamaciones seguían activas en 2007, casi 20 años después.
"Siempre es difícil encontrar un dato cierto en estos casos –señala Gustavo Arballo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)-. Ha sido tan fuerte el daño, y tan disperso en el país, que es imposible tener un dato preciso".
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Como referencia, cifras actualizadas del Banco Mundial y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público arrojan que las pérdidas totales atribuidas al terremoto de 1985 sumaron 11,400 mdd. En esta ocasión, el reporte de BBVA Research afirma que de manera preliminar, las pérdidas materiales se estiman en 2,500 mdd, el 0.3 % del PIB, aunque la cifra podría aumentar en la medida que vaya surgiendo información nueva sobre las propiedades dañadas.
Así, hay que reconocer que todavía no es posible cuantificar el doble costo de la resiliencia: borrar las huellas del desastre y dejar fluir el financiamiento para que el Estado, la iniciativa privada y los propios afectados contribuyan a la recuperación; esa resiliencia que todos demandan.
Daños que no debieron suceder
Un estudio que la Organización para la Coopearción y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en 2013 sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México indica que los terremotos, huracanes y las inundaciones, son los fenómenos catastróficos más frecuentes en el país y los que generan la mayor parte de los daños directos en víctimas humanas y pérdidas económicas.
De 1970 a 2011 estas tres categorías contribuyeron con 78% de los desastres naturales en México, incluyendo 89% de las muertes y 93% de las pérdidas económicas.
"En México, el uso de suelo inapropiado y una planeación urbana y territorial inadecuada contribuyen en gran medida a la vulnerabilidad tanto de la población como de la economía a causa de desastres naturales", manifiesta el organismo multilateral.
Arballo, de la CMIC, agrega: "En áreas donde está prohibido construir, por cuestiones de corrupción se sigue construyendo, y es ahí donde tenemos las afectaciones más fuertes".
"Ese costo [la corrupción], si bien no es cuantificable, es un costo que al final pega", dice Jorge Caballero, socio de impuestos y líder del sector Real Estate de la consultora KPMG en México.
El hecho es que aunque las políticas de uso de suelo son parte de las atribuciones municipales en más de 60% del territorio nacional, por lo general tienen muy poca vinculación con la información sobre riesgos y prevención integral. Es posible asumir que en ocasiones se construye rápido y mal, y en terrenos de alto riesgo, donde los edificios no tienen posibilidades de resistir.
El costo final se multiplica y además se puede convertir en una tragedia humanitaria.
Inversión en mejores normas
Arballo asegura que a partir del terremoto que asoló la capital del país hace 32 años, las reglas y las normas de construcción se endurecieron.
De hecho, la Ley General de Protección Civil, que es el marco legal del Sistema Nacional de Protección Civil, fue promulgada en 2000 y reformada y actualizada en 2012. En el futuro, las cosas debieran ser mejores y costar menos, siempre que se entienda la responsabilidad de quien construye, proyecta y autoriza.
La CMIC, que con 11,500 afiliados es el sector más representativo de los intereses de la industria, está incorporando medidas adicionales para erradicar prácticas nocivas en la industria, que se traducen en construcciones deficientes que pueden resultar en daños humanos.
"Junto con colegios de profesionistas, ingenieros y arquitectos tenemos que redoblar esfuerzos para que estos eventos ni siquiera sucedan", indica Arballo, su presidente. La CMIC ya incorporó un código de integridad empresarial que a partir de una denuncia fundada permite iniciar una investigación.
Es previsible que, con normas estrictas y mejores materiales, las nuevas construcciones tendrán más oportunidad en el caso de una nueva fatalidad, y que las inversiones, aunque sean mayores, resulten más duraderas y al final tengan un mejor retorno.
Es el caso de la reconstrucción o la rehabilitación de escuelas por parte de la SEP y gobiernos estatales, que pueden alcanzar los 4,000 mdd, pero que dará a México una infraestructura sólida.
También las calificadoras de riesgos tienen algo que decir. Matthew Walter, analista de Moody's, resalta que a raíz de la Ley de Disciplina Financiera cada entidad federativa tiene que constituir un fondo de desastres naturales.
Walter, que realiza la cobertura de las métricas financieras de Oaxaca y Chiapas, indica que ambas entidades están al corriente de sus pagos. Se trata de dos de los estados con menor desarrollo económico a nivel nacional, con un peso de 3.2% en el PIB.
Desde la perspectiva humana, los desastres son una tragedia que añade sufrimiento a los más desamparados. Pero desde el punto de vista económico, ponen a prueba las estructuras de la sociedad. La resiliencia, como capacidad para recuperarse de lo inesperado, es una cualidad que personas y países comienzan a entender y valorar.
Pero la gestión integral de los riesgos, y una inversión sostenible de los recursos, permitirán que los errores y la corrupción no cuesten vidas y daños innecesarios.
