La primera piedra de El Sarape se pondrá en febrero, estima Mancera
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al amparo interpuesto por particulares contra la Planta de Termovalorización El Sarape, que construirá la firma francesa Veolia en el Bordo de Xochiaca, por presuntas afectaciones de orden público y de interés social.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo el miércoles en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que primero se negó el amparo provisional y ahora el definitivo, y subrayó que la decisión judicial privilegia el interés colectivo, ya que la Planta de Termovalorización nunca ha pretendido afectar ningún principio de legalidad.
El Sarape requerirá una inversión de 600 millones de dólares y se estima que entre en operación en 2019. Fue licitada a Veolia en un contrato por 33 años. El complejo incinerará un tercio de los residuos orgánicos no reciclabes que genera la capital mexicana y con ello generará electricidad.
Mancera explicó el miércoles que la gestión con la Comisión Nacional del Agua para la construcción del complejo ya está avanzada y que en 15 días más podría colocarse la primera piedra. La edificación ya ha tenido retrasos por la gestión de permisos.
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El Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México informó que de acuerdo con la resolución del expediente 1608/2017, la Planta de Aprovechamiento de Poder Calorífico de Residuos Sólidos Urbanos no causa perjuicio al interés colectivo en su diseño, construcción, puesta en marcha y operación.
En un comunicado, señaló que por el contrario, la planta atiende la urgencia de implementar nuevas tecnologías que permitan resolver en mayor medida el manejo de residuos para producir energía eléctrica y minimizar el uso de rellenos sanitarios en la metrópoli.
El juzgador destacó que la planta permitirá a la administración local generar electricidad para servicios de la Ciudad de México, con el aprovechamiento de 4,500 toneladas diarias de residuos sólidos.
Explicó que los beneficios sociales significarán una alternativa tecnológica para la recuperación de energía que será utilizada, principalmente, para abastecer el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
"En la Zona Metropolitana no hay espacio para un nuevo relleno sanitario y su administración, además, es finita, costosa y delicada, por la posibilidad de dispersión de los desechos", argumentó.
Ante los desafíos ambientales que representa mejorar la calidad del aire en la urbe, el gobierno capitalino reconoció la decisión judicial, porque privilegia el interés colectivo y detalló que esa planta nunca ha pretendido afectar ningún principio de legalidad.
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El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa indicó que la calidad del aire de la Ciudad de México sigue siendo un elemento ambiental, social, económico y político de resolución compleja que no puede disociarse de la expansión de la traza urbana.
El año pasado, legisladores locales del partido Morena interpusieron el amparo argumetando que el contrato ajudicado a Veolia para construir El Sarape se celebró pese a que la empresa de origen francés enfrenta demandas en otros países por daños al medio ambiente. Aseguraron además que el complejo atentaba contra la salud de las personas.
Los legisladores también aseguran que durante la aprobación del financiamiento para la obra no se respetaron los procesos legislativos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Luego de la resolución del juez, Alfonso Suárez del Real, diputado local de Morena, dijo que impugnarán la decisión.
